Pedirán excluir parte del material probatorio en el caso del exsenador Uribe 

En los próximos días llegará a la Fiscalía General de la Nación el proceso por supuesta manipulación de testigos que remitirá la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia y que vincula al exsenador Álvaro Uribe Vélez. 

El ente acusador confirmó ayer en un comunicado que “el procedimiento para el traslado del proceso fue acordado en reunión cumplida por el fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, con los honorables magistrados de la Sala de Instrucción. Dicho trámite se realizará en los próximos días”.

Quiere decir que hasta el momento aún  no se conoce a qué fiscal le corresponderá asumir el expediente. “En el momento en el que el proceso sea trasladado, la Fiscalía General de la Nación estará facultada para asignar el proceso”, agrega la comunicación oficial.

No obstante, la entidad aseguró que al fiscal que le corresponda el caso, por reparto o por asignación del jefe del ente acusador, “asumirá con autonomía, adelantará las acciones investigativas y tomará las decisiones necesarias con absoluta responsabilidad y rigor, en estricto respeto por las garantías constitucionales que les asisten al procesado, las víctimas y demás involucrados”.

Y concluye con una exhortación a la sociedad y a los diferentes actores públicos “a respetar el rol autónomo e independiente que cumple la entidad, y cada uno de los funcionarios como parte de la Rama Judicial”.

Mientras tanto, el abogado Jaime Granados Peña, apoderado del exsenador Uribe Vélez reiteró ayer que la defensa trabaja en la definición de la estrategia que se utilizará para esta nueva parte del proceso en la Fiscalía General.

Sin embargo, el jurista también admitió que, primero, el Fiscal General o a quien él designe en virtud de sus competencias legales y constitucionales, debe primero determinar si este caso se seguirá llevando con base en la Ley 600/2000, antiguo Código de Procedimiento Penal, o bajo la Ley 904/2006 que creó el actual Sistema Penal Acusatorio que, en su opinión, es el que debe aplicarse en adelante.

 “Como aún no hay una autoridad, o sea un fiscal asignado, que haya hecho la imputación en virtud de la Ley 906 debe necesariamente ponerse las cosas al estado anterior a la imputación, y como nadie puede estar privado de la libertad antes de la imputación pues corresponde determinar su libertad inmediata a fin de que la Fiscalía evalúa toda la información y tome la decisión que corresponda: imputar, seguir investigando o solicitar la preclusión”, explicó Granados.

Por otra parte, la defensa también aspira convencer a la Fiscalía no solo de aplicar la Ley 906 para el caso de Uribe Vélez, sino también sobre la necesidad de que buena parte del material probatorio proveniente de la Corte sea excluido del expediente.

En ese sentido, el abogado prevé que el fiscal que se asigne al caso deberá “valorar” todos los elementos probatorios, pues en su criterio en el Sistema Penal Acusatorio solo puede considerarse prueba “las que se hayan practicado en juicio oral, con posibilidad de contradicción y técnica y legalmente recepcionadas”.

Con esto se refiere a que la defensa le pedirá a la Fiscalía que excluya del acervo probatorio elementos como las “interceptaciones ilegales” que la Corte ordenó a su cliente argumentando que ese era el teléfono del exrepresentante Nilton Córdoba, así como otras conversaciones con sus abogados Jaime Lombana y Diego Cadena “que gozan de sigilo profesional”.

Granados agregó que “estamos convencidos de que con todos estos elementos se puede demostrar la inocencia de Álvaro Uribe. Por eso pedimos la publicidad del proceso, para que la sociedad se entere dela verdad e este proceso.

LO QUE VIENE 

Con base en lo dicho por la Fiscalía y por la defensa, ahora se espera que sea designado el fiscal que asumirá este proceso para llevarlo ante un juez de conocimiento, quien finalmente tomará las decisiones de fondo.

Así mismo, la defensa del exsenador Uribe Vélez confía que esta misma semana la Sala de Instrucción de la Corte Suprema se pronuncie de fondo sobre el traslado a la Fiscalía de los demás expedientes que cursan contra su poderdante, entre ellos los llamados delitos de lesa humanidad por las masacres de El Aro y la Granja, así como por el crimen del defensor de Derechos Humanos, Jesús María Valle.