Ley del taxi La apuesta para acabar con ´los molongos´ y ´piratería´ 

Inseguridad, riesgos de accidentes, excesiva competencia y críticas por parte de los usuarios son sólo algunas de las dificultades que enfrenta el sector del taxismo. Los conductores afrontan a diario jornadas de más de 12 horas, con ingresos que han mermado hasta un 80 % durante la pandemia. 

Para solucionar esas múltiples dificultades del sector, Juan Carlos Pulido, director ejecutivo de la Federación Nacional del Taxismo (Fenaltax), lidera un proceso de concertación entre todos los actores del mundo de los taxis para lograr proponer ‘la ley del taxi’, una apuesta destinada a modernizar el sector y a devolverle la confianza a los usuarios.

Pulido dijo que la principal apuesta es organizar la normatividad que rige su actividad, pues según él, en Colombia no existe una ley consciente, moderna y competitiva que regule el funcionamiento del taxismo.

 “Actualmente el taxismo sí tiene sus decretos, pero es como una colcha de retazos, ha sido desarrollado a partir de la coyuntura y ya cuando se mira en conjunto nos damos cuenta que no es una normatividad moderna, competitiva, consistente, que tenga un rumbo, es una colcha de retazos”, afirmó el líder de Fenaltax.

Según Pulido, en primer lugar la ley tiene como objetivo reorganizar la legislación vigente, generar una mayor eficiencia en los órganos de control y en las autoridades que regulan la actuación del taxismo.

Pero sobre todo, la ley del taxi busca garantizar el bienestar social y laboral de los conductores, que actualmente enfrentan serios problemas al tener que asumir el total del pago de la seguridad social.

Este proyecto propone que las empresas para las que operan los conductores desarrollen e implementen políticas de bienestar y responsabilidad social para los taxistas. Se busca “que se pueda sancionar si no se da el cumplimiento de cosas básicas como la seguridad social, el tema de la EPS y de la pensión”, explicó Pulido.

Las empresas y los propietarios de los vehículos también tendrían que garantizar apoyo y cubrimiento jurídico para los conductores, que están expuestos a mayor riesgo de accidentalidad.

 “¿Por qué es importante el bienestar laboral y social de los conductores? porque esto se traduce en un mejor servicio, en una tranquilidad, y eso va a aumentar los clientes y la gente se va a sentir más tranquila tomando taxi”, dijo el líder.

Una de las apuestas claves, enfocada en mejorar la percepción de los usuarios sobre los conductores que prestan el servicio, es la de generar un esquema de acreditación y verificación de los conductores.

Pulido explicó que la idea es que existan protocolos de formación y pruebas para la acreditación de los taxistas. Esta tendría una duración de cinco años y sería renovada para garantizar la idoneidad de quienes van a prestar el servicio.

 “Actualmente en Colombia no existe. El propietario al que va encontrando por ahí desocupado lo va metiendo y eso nos ha dañado el sector”, afirmó.

Tener un sistema de formación y de registro de quiénes son los conductores habilitados y capacitados ayudaría a mejorar la imagen del gremio, afectada por el mal comportamiento y servicio de algunas personas que ingresan a prestar el servicio.

Adicionalmente, con este proyecto no sólo se busca que mejoren las condiciones de los conductores, sino también apostarle a que el servicio sea amigable con el medio ambiente y a que existan facilidades para adquirir vehículos con cero emisiones contaminantes.

LA PELEA CON LOS APLICATIVOS 

Para nadie es un secreto las discusiones del sector del taxi con aplicativos como Uber, Beat u otras plataformas. En ese aspecto, la Federación Nacional del Taxismo no propone que las plataformas dejen de existir, pero sí que operen dentro del marco del taxismo.

 “Nosotros entendemos que la ciudadanía quiere otras ofertas, otras opciones de servicio, más allá del taxi amarillo, pequeñito, pues la idea es podérselas brindar pero dentro del taxismo”, afirmó.

Según Pulido, por el mismo interés de la ciudadanía, proponen flexibilizar las categorías de los taxis para que los usuarios puedan acceder a diferentes servicios y a diversos tipos de vehículos, más allá de los amarillos y pequeños que son parte de la tradición del sector.

Para la Federación, que las plataformas funcionen sin regulación supone además un riesgo para esos mismos conductores y para la ciudadanía, al no contar con personal capacitado para la prestación del servicio.

 “Lo que no queremos es que cualquier persona vaya a una cámara de comercio con su vehículo particular, porque está desempleado o porque quiere hacerse unos pesitos de más y se ponga a trabajar como un taxi”, recalcó.

El proyecto todavía está en proceso de concertación interna, pues las propuestas tienen que discutirse con los 3 miembros del gremio: los conductores, los propietarios de los vehículos y las grandes empresas habilitadas para el servicio.

Al incluir tantos sectores con necesidades diversas en términos técnicos y económicos el proceso ha sido complejo.

Por ejemplo, la concertación del factor económico sigue en discusión, pues según afirma Pulido, la ley impone muchas obligaciones tanto al empresario como al propietario.

 “Lo más difícil es que esta ley tiene costos, impone obligaciones y esas obligaciones van a tener unos costos”, costos que al final se van a traducir en mayor bienestar, crecimiento y fortalecimiento del sector, pero que no todos están de acuerdo en asumir.

“Siempre va a haber gente que va a decir eso no da, los números no dan, eso no se puede, pero la idea es que tengamos el mayor consenso, la mayor consistencia y la mayor viabilidad de lo que se plantea”, afirmó Pulido.

Así, una de las mayores discusiones es quién tendrá que asumir el costo del esquema de seguridad social de los conductores y si serán los propietarios de los autos quienes paguen el 100 % del valor o si se dividirá por mitades con los empleados.

Por eso, se espera que el proyecto llegue al Congreso de la República cuando terminen todas las discusiones internas que sean necesarias. La idea es que esté lista para mediados de septiembre, sin embargo, el gremio no tiene afán.

 “Una conclusión a la que llegamos es que estamos desbaratando y reajustando todo el modelo del taxi, entonces hagámoslo con calma y hagámoslo bien”, afirmó.

UNA DEUDA DEL ESTADO CON EL SECTOR 

Para los taxistas, las dificultades que trata de solucionar esta ley tienen que ver además con una deuda histórica del estado para con el gremio. Según Pulido, “el legislador ha sido laxo, el Ministerio y el Gobierno han sido laxos, y también todo el sector judicial ha sido muy permisivo con la ilegalidad”.

Según ellos, siempre se le pide al conductor que mejore el servicio y que se integre a la tecnología. Sin embargo, el gobierno y el sector tecnológico no han hecho una apuesta importante para ayudar a la transformación digital del sector.

 “Estamos ante una competencia de unas capacidades tecnológicas avasalladoras, de países y de multinacionales que vienen con tecnología de punta. Esto no es de crear una aplicación para competirle a estos monstruos, esto requiere una política de transformación digital”, afirmó el líder de la Federación.

Además, según él, la presión no puede recaer únicamente en los conductores, cuando no hay las adecuaciones constitucionales y las soluciones para adelantar mejoras en el gremio.

 “Es muy sencillo echarle la culpa de todo este problema a que los taxistas son groseros o que tienen que prestar un mejor servicio, cuando estructuralmente todas las condiciones están dadas para que eso no ocurra”, reclamó.

Por eso, la finalidad de la ‘ley del taxi’ es avanzar en todos los cambios que sean necesarios estructural y constitucionalmente para mejorar la imagen, las condiciones y el servicio de este importante gremio en el país.

/Colprensa