´La restitución funciona porque no hay politiquería´

 

EL DIRECTOR DE LA UNIDAD de Restitución de Tierras, Andrés Castro Forero, quien asumió el cargo el pasado mes de octubre, reconoce que son varias las regiones donde el proceso aún no logra avanzar – principalmente – por la presencia de grupos armados ilegales, pero destaca que existen muchos lugares donde la restitución y el acompañamiento con proyectos productivos han logrado transformar la vida de las comunidades.

Cuando fue sancionada en el año 2011, la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras se convirtió en una victoria con un halo de esperanza para quienes sufrieron en carne propia los embates del conflicto. Hoy, a dos años y medio de terminar la vigencia de la norma, son muchos los logros y aprendizajes, pero también los pendientes y los retos que plantea esta política.

Desde uno de los frentes de la ley, el director de la Unidad de Restitución de Tierras, Andrés Castro Forero, quien asumió el cargo el pasado mes de octubre, reconoce que son varias las regiones donde el proceso aún no logra avanzar – principalmente – por la presencia de grupos armados ilegales, pero destaca que existen muchos lugares donde la restitución y el acompañamiento con proyectos productivos han logrado transformar la vida de las comunidades.

Para el funcionario, se trata de una política que está enclavada profundamente en los pilares del gobierno del presidente Iván Duque Márquez, y aunque reconoce que el proceso debe cerrar en algún momento, también cree que el Estado debe encontrar la manera de atender a las víctimas que no hayan logrado una reparación dentro de la vigencia de la ley.

 Le quedan dos años y medio para terminar la tarea…

Sí, nuestra tarea nace con la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras en 2011, que estableció un proceso judicial de justicia transicional. La restitución de tierras es un proceso abreviado, de única instancia, donde se invierte la carga de la prueba, es decir que quien está ocupando el predio hoy tiene que demostrar  su buena fe exenta de culpa.

Entonces, la vigencia de la ley va del 2011 al 2021, exactamente el 11 de junio. Yo diría que la primera etapa, que es la administrativa, que es cuando se recibe una solicitud de restitución y el trámite, nosotros tenemos que culminar a 2021 con esa etapa.

¿Qué papel juega la restitución en las políticas del gobierno del presidente Iván Duque?

Nosotros incluimos la restitución dentro de los pilares del Gobierno Duque. Legalidad, que tiene que ver con aclarar todos esos procesos donde hubo despojos, destierros, compras ficticias, todo ese tipo de figuras a través de las cuales a la gente se le quitó la tierra, y esto termina en una sentencia judicial.

El segundo pilar de emprendimiento es muy claro. Yo diría que ahí nos inscribimos mucho en eso. Como con las políticas de agricultura por contrato que el ministro de Agricultura (Andrés Valencia) ha planteado, como coseche y venda a la fija. Es decir que los proyectos productivos que desarrollemos en esos predios restituidos no solo sean para ocupar a la gente sino que permitan que haya una economía donde estas personas ya tienen un comprador de estas cosechas, de los productos que se obtienen desde esos desarrollos.

Esos dos componentes, legalidad y emprendimiento, en lo que finalmente deben resultar es en el tema de equidad, que se inscribe dentro del tercer pilar del pacto por la equidad.

Recientemente ha habido debate sobre el tema de segundos ocupantes, incluso la senadora María Fernanda Cabal ha planteado un proyecto de ley que aborda el tema…

Sobre este tema uno puede señalar que a través de una sentencia de constitucionalidad de la ley se resolvió. En la sentencia C330 de 2016, la Corte Constitucional atendió el tema de segundos ocupantes, cuando se trata de campesinos, población vulnerable.

¿Y qué pasa con esas personas hoy y su permanencia en el predio?

En muchos casos esa población tiene que entregar el predio, pero se ordena que la unidad misma le adjudique un nuevo predio, que sea equivalente a una unidad agrícola familiar, y también se acompaña con proyectos productivos.

¿Entonces en su opinión el proyecto de ley no sería necesario?

La unidad, como tal, ejecuta la ley, nosotros no entramos sobre la discusión de modificar la ley, eso lo hace directamente el Ministerio de Agricultura y en la Presidencia verán la necesidad o no de hacerlo.

Nosotros lo que damos son unos insumos, donde podría decir – y eso es lo que les hemos dicho al ministro y al Gobierno – que hoy en día los segundos ocupantes están atendidos. Llegar faltando menos de tres años a hacer una modificación de la ley casi que termina desnaturalizando el proceso.

El pasado 11 de octubre venció el plazo para las personas que querían inscribirse en los procesos de restitución. ¿Es posible que se amplíe?

Yo llegué a la unidad justamente cuando vencía el plazo de presentación de las solicitudes de restitución, esto era a través de un decreto que reglamentó la ley, que es el decreto 1167, que fue expedido el 11 de julio de este año. Es un decreto que viene desde el Gobierno anterior y nos vimos avocados a ver qué manejo se le daba a esta situación.

¿Pero está previsto que pronto se tome alguna decisión en ese sentido?

Claro, eso está hoy en día en la Presidencia de la República, en la Secretaría Jurídica, para que definan cuál sería la mejor opción para resolver esto.

¿De dónde surge ese decreto?

Uno lo que ve a nivel de territorio es que la dinámica del mercado de tierras, el tema de los negocios sobre la tierra, donde hay microfocalizaciones, es decir donde hay procesos de restitución, está totalmente parado. Y esto ya lleva siete años, por lo que muchos inversionistas, mucha gente interesada, tienen interés en que se cierre el tema para poder hacer un negocio.

¿Tiene algún cálculo de qué tanto falta y qué tanto ya se cumplió?

Con sentencias, tenemos 330.000 hectáreas que se han restituido. De esas, 210.000 son restituciones étnicas, sentencias que cobijan a resguardos indígenas y territorios colectivos de comunidades afrodescendientes. Es decir que en un porcentaje es mayor la restitución étnica que la individual.

Ahora, frente a lo que está solicitado, se han presentado prácticamente 200.000 solicitudes de restitución, validadas nos quedan como unas 90.000 para tramitar. Cuando uno suma las pretensiones que hay, está en el orden de 1.500.000 hectáreas. Eso no quiere decir que todas vayan a ser restituidas, porque esto es un proceso que define un juez, pero ese es el orden de magnitudes: 330.000 hectáreas restituidas, frente a 1.500.000 hectáreas que están pendientes.

Pero hay una negación alta de solicitudes…

Ha habido un cuestionamiento frente a los temas de restitución que tiene que ver con que cerca del 64% de las solicitudes se han negado. ¿Qué es lo que niega la Unidad? El registro o la inscripción en el registro de predios abandonados y despojados, que es la base para la presentación de la demanda de restitución ante los jueces. Ese volumen tan alto tiene que ver con que revisado el proceso se define si hay mérito o no hay mérito para pasar eso a un juez.

¿Qué tan relacionada está la persecución a los líderes sociales en diferentes regiones del país con el tema de restitución?

Muchos casos tienen que ver con la restitución de tierras. Cuando uno se pone a ver, el conflicto armado en el país era el tema del territorio, era la presencia en el territorio, quién domina el territorio, y obviamente eso se materializa en el tema de la propiedad de la tierra.

Para nosotros es un tema muy delicado y dentro de los procesos de restitución, en la etapa administrativa, identificamos esos líderes y pedimos a las autoridades que haya protección para ellos. Pero también hay que identificar cómo son esos fenómenos, esa presencia de grupos armados al margen de la ley en los territorios.

¿En qué regiones el proceso ha avanzado más?

Cuando uno revisa dónde está más avanzado el proceso de restitución, uno ve que por ejemplo toda la costa norte, desde La Guajira hasta abajo en Córdoba, pasando por Magdalena, Atlántico, Sucre, Cesar, Bolívar. Todas esas zonas que hoy en día ya no tienen el tema paramilitar, allí nosotros hemos avanzado muy rápidamente y muchos de los beneficiarios de la restitución ya tienen sus proyectos productivos hoy en día.

¿Y se tienen los recursos para lo que falta?

Tenemos los recursos para el 2019, están garantizados, y hacemos un esfuerzo como todo el Gobierno nacional de implementar una política de austeridad en el gasto frente a temas de comunicaciones, de publicidad, de viajes, inclusive desde las nóminas, todo eso se está revisando para el año entrante y hacer unas reducciones significativas.

Pero cuando usted mira esto en términos de la política, esto va a necesitar recursos adicionales. Donde también es importante el apoyo de la cooperación internacional, que le interesa mucho estos temas, porque en últimas se vuelve la materialización de lo que ha sido un proceso de paz, la reparación del Estado frente a fenómenos como el conflicto armado. /Colprensa

Por MAURICIO ARAGÓN Y LUIS CARLOS GÓMEZ.