El papel que sentenció la condena de Monsalvo
Tres promesas concretas plasmadas y firmadas en un documento entre agosto y octubre de 2011, fueron pieza clave en la teoría del caso presentada por la Fiscalía en el juicio oral contra el actual gobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo, quien ayer fue condenado por la Corte Suprema de Justicia por el delito de corrupción al sufragante.
Según el ente acusador, Luis Alberto Monsalvo Gnecco, en su campaña a la gobernación del Cesar de 2011 -cargo que ocupo entre 2012 y 2015- orientó la búsqueda de votos en sectores específicos de la población de Valledupar asentados en predios que estaban invadidos y les formuló ofertas de viviendas.
Logró comprobar en juicio la fiscalía, que Monsalvo celebró pactos escritos en los que constan los compromisos adquiridos por él, y demostró que al menos uno de estos, se suscribió con líderes un texto en el que hizo constar que a cambio de votos de personas específicas se comprometió a mantenerlos en unos predios de propiedad del señor Óscar Guerra Bonilla.
Aquel pacto tenía como compromiso primero el mantener a esos ciudadanos “quieta y pasivamente en el inmueble en que estaban en la invasión ilegal”.
“Esto en un contexto amplio es el aprovechamiento político de ciudadanos vulnerables y de hacer políticas por cuenta de predios (…) una manera muy cómoda de obtener votos”, señaló la Fiscalía.
La segunda parte de este pacto consistía en “acatar de manera prioritaria la sentencia de los diferentes juzgados de Valledupar que amparaban los derechos fundamentales a la vivienda y vida digna de los habitantes del predio”.
Y en tercer término, el trato estipulaba: “Incluir a los invasores en los proyectos de construcción de vivienda dignas, requeridas para el sector”.
No obstante, el convenio se deshizo al llegar Monsalvo Gnecco al palacio departamental por cuenta de un fallo de tutela de la Corte Constitucional en el que ordenaba el desalojo de las comunidades con las que había firmado el pacto.
El alto tribunal ordenó a la gobernación la ubicación de todas las familias en lugares de vivienda digna ya que los habitantes se habían asentado en un barrio de invasión sin la autorización de su verdadero dueño, el mayor Alberto Pimienta Cotes.
Ante el inminente desalojo ordenado por las autoridades municipales en el asentamiento Tierra Prometida estos adelantaron una marcha de protestas y con papeles en mano le exigieron al ya gobernador del Cesar “el cumplimiento del pacto en el cual se comprometió, a cambio de sus votos, a mantenerlos quietos”.
Seis días después del reclamo masivo, Monsalvo envió una comunicación a Minvivienda en la que solicitó apoyo nacional con un aparente proyecto de vivienda multifamiliar denominado OGB y en el cual la Gobernación aportaría 5.000 millones de pesos.
Tras examinar las pruebas, la sala concluyó que Luis Monsalvo, tanto objetiva como subjetivamente, actualizó su conducta con el delito de corrupción al sufragante