Fracking, vuelve y juega
Con la expedición por parte del Ministerio de Minas y Energía del decreto 328 del 28 de febrero de 2020, el país sigue el camino trazado por la Comisión de Expertos que en su momento convocó el Gobierno. En el decreto se estipulan los lineamientos y condiciones que tendrán que cumplir las empresas que desarrollarán los Proyectos Piloto de Investigación (PPI) en yacimientos no convencionales.
La idea con los pilotos es que el Gobierno obtenga más información técnica y científica sobre una eventual exploración y explotación comercial de petróleo y gas, por medio de fracturamiento hidráulico (“fracking”). De acuerdo con lo que se conoce, existe un gran potencial en las cuencas geológicas del valle inferior, medio y superior del Magdalena, Sinú San Jacinto, César Ranchería, Catatumbo, Cordillera Oriental y Caguán Putumayo.
Según el decreto se deberán cumplir tres fases. La primera tiene que ver con la evaluación y diagnóstico de las condiciones sociales, ambientales, técnicas e institucionales y licenciamiento ambiental. En la segunda etapa se llevarán a cabo las actividades de exploración, para tener una mayor claridad con respecto al potencial de los yacimientos, la sismicidad y las posibles afectaciones a las comunidades. El proceso culmina con la fase de evaluación, a cargo de un comité del más alto nivel con participación de representantes del Gobierno, la academia y asociaciones, corporaciones y organizaciones nacionales de la sociedad civil.
En el proceso de socialización que debió surtir el proyecto de decreto, este recibió fuertes cuestionamientos, muchos infundados. Según algunos expertos, las recomendaciones de la Comisión apuntan a determinar si es conveniente o no utilizar la técnica del fraccionamiento hidráulico en el país. Los PPI, según los críticos, son experimentos que deberían tener un carácter científico y técnico para determinar la conveniencia del “fracking” y no pueden ser transformados en proyectos piloto de exploración.
Es conveniente la prudencia, en eso no hay discusión. De hecho, la Comisión recomendó que no se inicie ningún proyecto sin identificar con claridad los riesgos que le estén asociados. En esas condiciones, la exigencia sobre el levantamiento de información ecosistémica, hidrogeológica y de sismicidad es muy alta. Pero eso es muy distinto a pretender que con el uso de los pilotos no se pueda evaluar la cantidad de reservas que pueda tener Colombia en yacimientos convencionales.
No se puede olvidar el marco de política que ha planteado el Gobierno para el sector minero energético. Colombia no es un país especialmente rico en hidrocarburos y la actividad exploratoria se redujo en los últimos años. En esas condiciones, reaparece el fantasma de la pérdida de la autosuficiencia y la necesidad de las importaciones, que traerían un altísimo costo para el país. Para evitar esa situación se ha buscado atraer inversión extranjera que complemente los esfuerzos nacionales en la búsqueda de nuevos yacimientos continentales y costa afuera.
Indagar nuestras posibilidades en yacimientos no convencionales hace parte de esa estrategia. El Gobierno, de otro lado, está empeñado en modificar la matriz energética. Los recursos para eso pueden provenir de la misma explotación de hidrocarburos. Encontrar gas es una garantía de combustibles más limpios y baratos. Así mismo, el petróleo continúa siendo una parte fundamental de las exportaciones y la economía colombiana y por ello todo esfuerzo para su desarrollo es bienvenido. Una extracción petrolera bien hecha y sostenible puede costear los gastos sociales y contribuir a las finanzas del país .