Los desafíos del Congreso con la legislatura
A pocos días de que comiencen las sesiones ordinarias del Congreso hay mucha expectativa sobre lo que serán estos escasos tres meses del segundo tramo de la actual legislatura. De entrada, la atención del llamado país político está dirigida a cómo incidirán los cambios aplicados en las últimas semanas por el Gobierno en el gabinete ministerial. Como se sabe, el presidente Duque dio cabida en varias carteras a nombres avalados por partidos como La U, el Centro Democrático, los conservadores y Cambio Radical. Esa reconfección del escenario político se espera que tenga un impacto directo en la capacidad de la Casa de Nariño para allanar el apoyo a su agenda legislativa prioritaria. Si bien hay muchos análisis y proyecciones al respecto, solo cuando arranquen los debates en comisiones y plenarias se sabrá el verdadero alcance del remezón.
En segundo lugar, todavía no está claro cuáles serán las principales iniciativas a debatir a partir del 16 de marzo y hasta mediados de junio. Como se sabe, además de varios proyectos importantes que vienen en curso, ahora se está hablando de la posibilidad de reformas estructurales en materia pensional, laboral, judicial y política. Incluso ya hay borradores de algunas de estas iniciativas sin que hasta el momento la Casa de Nariño o los partidos hayan precisado cuál será radicada primero y aquellas que quedarán para el segundo semestre o el próximo año. No se trata de un hecho menor toda vez que por tratarse, en su mayoría, de actos legislativos se requiere a avanzar cuatro debates en lo que resta de esta legislatura, por lo que los cronogramas están desde ya muy ajustados.
Se sabe que los partidos que hacen parte de las bancadas oficialistas, independientes y de oposición tienen programadas sendas reuniones en los próximos días para definir su hoja de ruta. Incluso el Presidente de la República y sus ministros citarían a los líderes de la coalición gubernamental con el fin de señalar la agenda de proyectos prioritarios, ya sean de origen oficial o parlamentario.
Un tercer elemento clave en el arranque del Legislativo tiene que ver con el alud de debates del control político que se han ido anunciando en las últimas semanas y que tendrían relación con una multiplicidad de temas, que van desde las medidas preventivas ante el coronavirus, la situación de los líderes sociales, las polémicas alrededor de la Jurisdicción Especial de Paz, varios escándalos de corrupción y, por obvias razones, un maremagno de discusiones y propuestas en torno a las reformas estructurales que se están poniendo sobre el tapete.
Aparte de todo lo anterior, esta nueva etapa legislativa tendrá la misión de aterrizar en leyes y reformas constitucionales una parte de los resultados de la llamada “Conversación nacional”, que el Gobierno lanzó a fanales del año pasado tras la ola de paros y marchas, con el fin de acelerar cambios en la política de inversión social y responder a las inconformidades de distintos sectores. Se supone que los diálogos que ha venido liderando el Ejecutivo en todo el territorio deben empezar a concluirse y proyectar una agenda temática en cuyo desarrollo el Congreso tendrá un rol protagónico.
Tampoco se puede dejar de lado que una vez inicie este segundo tramo de legislatura tomarán impulso algunos procesos de alta connotación política y partidista, empezando obviamente por el ajedrez que siempre rodea la elección de las mesas directivas del Parlamento a partir del 20 de julio. Pero no será el único proceso que concentre la atención de senadores y representantes a la Cámara. Por ejemplo, en agosto se termina el período del Defensor del Pueblo y desde ya hay un sonajero de nombres para la sucesión de Carlos Negret. De igual manera ya el mandato del procurador Fernando Carrillo está en cuenta regresiva y si bien es cierto que el sucesor será escogido a finales del segundo semestre las colectividades y sus bancadas también empiezan a mover fichas al respecto.
Visto todo lo anterior se entienden los desafíos que rodean la reanudación de las labores del Congreso, cuya productividad, por ser este 2020 un año no electoral, se espera que sea muy alta, más aún ante la evidencia inequívoca de una campaña presidencial tempranera que ya tiene a no menos de cuatro precandidatos en el partidor, lo que seguramente llevará a que en el 2021 la puja proselitista por la sucesión en la Casa de Nariño comience a tomar ritmo, con mucha antelación. Es en este escenario en donde las propuestas que están asomando sobre una nueva ventana al trasfuguismo político apuntan a volverse desde ya una urgencia para no pocos partidos y el campo de batalla será necesaria y obligatoriamente el Legislativo.