En defensa de la soberanía y la dignidad del país
Ha sido usual que la Oficina burócrata de las Naciones Unidas para Asuntos de Derechos Humanos en Colombia emita informes sesgados, mal intencionados, y hasta miopes con la realidad del país en esa materia. Pocos han aceptado la tesis que esa Oficina fue permeada hace rato por los claros intereses de la izquierda y todo lo que ella representa. Estrategia que han llevado a otros organismos e instancias judiciales donde casi siempre pierde el Estado colombiano y se consiguen condenas dudosas y se formulan recomendaciones hechas por el mismo sastre. Pero lo que acaba de ocurrir con un informe del señor Brunori, fue lo mismo que hace algunos años un Ministro del Interior dirigiéndose a los congresistas les dijo: se la ´fumaron verde´. Pues bien. Este servil y mediocre diplomático, funcionario de baja estofa adobado por los intereses de la izquierda fue más allá, y no solo se la fumó verde, sino que ingirió bazuco y cualquier otra droga alucinante y fue capaz de faltarle el respeto a la institucionalidad y soberanía del país.
Brunori no solo debiera estar ya con un pie fuera de Colombia, sino que el Gobierno Duque en un acto de decencia con la Nación debió haber ordenado cerrar la Oficina que ´cocina´ –como en los laboratorios de coca—todos los ataques miserables y mentirosos que se originan para el mundo entero desdibujando lo que ciertamente la sociedad colombiana quiere cerrar; ese nefasto capítulo de la guerra, donde los victimarios quieren pasar hoy como monjas de la caridad.
El informe anual de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos no solo es atentatorio contra la institucionalidad del país, sino que trata de menoscabar los cimientos de la democracia. El detestable diagnóstico no solo es mentiroso sino que va más allá de sus malolientes recomendaciones, no solo por el contenido de la misma sino por el hecho de que se le planteara a un Estado soberano y democrático como el nuestro.
¿De cuando en dónde es la ONU o su sesgada Oficina de Derechos Humanos la que debe dictar las directrices de cómo debe operar la fuerza pública ante los vándalos y criminales encapuchados? El señor Brunori luego de fumársela verde llegó al extremo de instar al Gobierno a restringir, en la mayor medida posible, y de acuerdo con las normas y estándares internacionales, el uso del Ejército en situaciones relacionadas con la seguridad ciudadana, incluida la protesta social. ¡Cuánto abuso!.
Estamos de acuerdo con la reacción del Presidente de la República cuando denunció como “intromisión en la soberanía de un país la sugerencia del mamerto de Brunori de que la Policía debe pasar al Ministerio del Interior”. Ese es un debate que les corresponde a las autoridades colombianas, en el marco de la institucionalidad de nuestro Estado Social de Derecho.
Los áulicos del señor Brunori debieran haber quedado felices con el informe, pero les ha salido el tiro por la culata como se dice popularmente. Es obvio que el folclórico informe de la Oficina del Alto Comisionado no solo está fuera de lugar y sobrepasa los límites del mandato funcional acordado con el Estado colombiano, sino que constituye una clara intromisión en asuntos internos y de inequívoca naturaleza institucional y soberana de nuestro país. Y por eso, no solo debe irse la fumareta de Brunori, sino el cierre de la Oficina en cuestión.
Con logros y falencias propias de una nación que continúa sufriendo violencias cruzadas, las autoridades de Colombia siguen comprometidas en la defensa de los derechos humanos. Hay toda una institucionalidad en pos de cumplir este deber legal y constitucional, cuya legitimidad y estructura no pueden ser puestas en duda. Lo que nos hacen daño son personajes siniestros como Brunori y sus secuaces que los tiene por montones-