Los compromisos del Gobierno y los gobernadores
Recientemente se realizó la Cumbre de Gobernadores en Cartagena, encuentro que resultó clave por ser la primera vez que se reunía el Jefe de Estado con todos los mandatarios departamentales que se posesionaron el pasado 1 de enero. De hecho, sin haber cumplido todavía dos meses de gestión los titulares departamentales ya han empezado a implementar con el Gobierno nacional una agenda de amplio espectro.
Por ejemplo, la Casa de Nariño activó la estrategia de Encuentro Regional de Gabinetes, mediante la cual el Presidente y sus ministros van a los departamentos a reunirse con los gobernadores, alcaldes y sus respectivos equipos de trabajo. Este ejercicio, que busca una coordinación más efectiva entre las tres esferas, tuvo su primera aplicación en Antioquia semanas atrás.
Asimismo, a través de la Federación Nacional de Departamentos los gobernadores se comprometieron con el Ministerio de Salud a que habrá transparencia en la escogencia de los nuevos gerentes de los 931 hospitales públicos, un proceso que, no en pocas ocasiones, resulta permeado por la corrupción y la politiquería. De igual manera, también se acordó un mecanismo para acelerar la aplicación de la llamada norma de “Punto Final” que permite sanear las deudas de los departamentos, EPS y demás entidades del régimen subsidiado y contributivo con los hospitales y clínicas oficiales. Es más, los secretarios de Salud se fijaron como meta el próximo septiembre para tener listos todos los trámites que puedan garantizar que se salden estos millonarios pagos.
También se avanzó ya en mecanismos para dinamizar las medidas de intervención socio-económica en las 11 mil veredas de los 170 municipios priorizados por el Gobierno nacional a través de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). No es un tema menor si se tiene en cuenta que en esos territorios viven alrededor de 6,6 millones de colombianos y hay programadas inversiones millonarias.
A ello se suma que la Vicepresidencia de la República, la Secretaría de Transparencia, la Federación, los organismos de control y los 32 gobernadores firmaron un Pacto por la Transparencia y la Integridad, que comprende una serie de compromisos anticorrupción y de gobernanza eficiente en políticas como el Programa de Alimentación Escolar (PAE), una contratación pública limpia y la ejecución eficaz de obras de infraestructura.
A todo lo anterior deben adicionarse temas de trascendental importancia para los gobernadores como la muchas veces prometida pero tantas veces dilatada reforma al Sistema General de Participaciones (SGP), que define el monto de los giros del nivel central a los departamentos y municipios para atender salud, educación, saneamiento básico y otros rubros de inversión social. Esta iniciativa no sería llevada al Congreso este año, lo que ya prendió las alarmas de los mandatarios seccionales por los déficits fiscales que afrontan. También genera mucha expectativa el alcance del proyecto de reforma al Régimen Departamental que el Ejecutivo llevará al Parlamento en el próximo tramo de legislatura.
Hay otros asuntos más propios de la coyuntura, como el limbo en que quedó el cobro de las fotomultas por infracciones de tránsito; la necesidad de mayores esfuerzos para contener la epidemia de dengue; la promesa gubernamental de un proyecto de ley para combatir la reincidencia delictiva; el impacto social, ambiental y de orden público que tendrá en las regiones la posible reanudación de fumigaciones aéreas con glifosato a los narcocultivos; los problemas en el arranque este año del PAE; nuevos mecanismos para frenar asesinato de líderes sociales así como el accionar del Eln, las disidencias de las Farc y las bandas criminales; los planes para acelerar la implementación territorial del acuerdo de paz…
Como se ve, la agenda entre el Gobierno nacional y los mandatarios departamentales es muy amplia y ojalá el Gobierno nacional cumpla los compromisos para afrontar las problemáticas estructurales y coyunturas que más afectan a la población.