Elaborar Planes de Desarrollo sin demagogia y realizables
Por estos días los afanes de los nuevos gobernadores y alcaldes se centran de manera acelerada para sentar las bases de sus respectivos proyectos de Plan de Desarrollo, que son la hoja de ruta a seguir por departamentos y municipios en el cuatrienio que arranca. Se trata, sin duda alguna, del reto administrativo y legislativo más importante a nivel seccional y local, razón por la cual es imperativo que estos planes contengan de forma objetiva y detallada el diagnóstico de las principales problemáticas de cada jurisdicción, cómo atacarlas, las metas a cumplir y, sobre todo, los cronogramas que aseguren su ejecución y un efectivo control de proceso.
No en pocas ocasiones hemos advertido desde estas páginas que uno de los problemas más notorios en la confección de los Planes de Desarrollo departamentales y municipales es, precisamente, que no hay un acompañamiento real y proactivo entre estos y el Plan Nacional de Desarrollo. Una falencia que tiene su origen en que no coinciden en el tiempo los periodos institucionales del Presidente de la República y el de los gobernadores y alcaldes. Ello lleva a que cuando estos últimos se posesionan el Jefe de Estado ya tiene corrido más de un tercio de su mandato y en ejecución, a todo vapor, su respectivo plan, en tanto que el de los departamentos y municipios demorará por lo menos un año más en estar listos.
Pero no solo es el problema del desfase de los períodos. Para los tratadistas en políticas públicas también hay un vacío normativo grave: partiendo de una malentendida autonomía regional y local, se evita obligar a que los Planes de Desarrollo departamentales y municipales tengan que basarse o encuadrarse necesariamente en las metas de la estrategia nacional, pese a que esta es adoptada por ley, norma superior a una Ordenanza o un Acuerdo. Por esa circunstancia es que se han dado casos en donde las políticas de orden nacional terminan en contravía de las seccionales y locales, generando una costosa dispersión de esfuerzo presupuestal, institucional y de recurso humano.
Es evidente, según lo que se ha podido observar de los actuales procesos en muchas gobernaciones y alcaldías, que los Planes de Desarrollo que se están construyendo tienen que ajustarse a nuevos marcos normativos que resultan clave para esas hojas de ruta cuatrienales. Por ejemplo, hay una nueva Ley de Regiones y también se reformó el Sistema Nacional de Regalías. Igualmente los resultados, ya oficializados, del Censo Nacional de Población y Vivienda de 2018 obligan a recalcular las metas departamentales y municipales.
Lamentablemente, pese a muchas promesas al respecto, el anterior ni el actual gobierno nacional pudieron avanzar de forma concreta en la reforma al Sistema General de Participaciones, que es el esquema que define el monto y ritmo de las transferencias presupuestales del nivel central a los departamentos y municipios para los rubros de educación, salud, saneamiento básico y otros conceptos de inversión social de primer orden. De igual manera hubiera sido muy positivo para los actuales gobernadores y alcaldes así como para las asambleas departamentales y los concejos municipales haber contado, para la confección y aprobación de los Planes de Desarrollo, con la terminación de la fase IV de depuración del Sisbén. Esto hubiera permitido una mejor y más objetiva perfilación del mecanismo de subsidios directos e indirectos que rige en Colombia, cuya cuantía llega a un tercio del Presupuesto General de la Nación anual. Esto, para 2020, representa alrededor de 75 billones de pesos.
No menos importante resulta que estos Planes de Desarrollo se encuadren dentro de los Planes de Ordenamiento Territorial que están siendo modernizados en gran parte del país. La Procuraduría General, a su turno, también ha insistido a los mandatarios regionales y locales que den prioridad a las políticas sobre implementación territorial del acuerdo de paz, promoción de la equidad de género y aumento de la de protección a la niñez y la primera infancia, entre otras.
Como se ve la redacción y aprobación de los Planes de Desarrollo a nivel departamental y municipal tiene un marco institucional y de política pública mucho más complejo que el de años atrás. Por lo mismo es imperativo que los factores de poder en esas jurisdicciones prioricen el perfeccionamiento de los articulados, la formulación de las metas y los mecanismos de ejecución. Dejar que la politiquería y los pleitos burocráticos se atraviesen en este proceso sería un error garrafal, cuyas consecuencias nefastas las terminaría pagando la población, sobre todo los sectores más vulnerables, que son, a la vez, los más urgidos de ser impactados por la inversión social oficial.