Fiscalía imputa cargos a médicos que habrían falsificado sus estudios
Los cargos no fueron aceptados por Javier Locano Botero, Rodolfo López Zapata y Víctor Manuel Jaramillo Torres, como fueron identificados los galenos.
En audiencia celebrada en la mañana de este viernes contra tres médicos que, de acuerdo con la versión de la Fiscalía, habrían presentado información fraudulenta para que el Ministerio de Educación les convalidara como especialidad unos estudios en cirugía estética que hicieron en Brasil, el ente acusador solicitó ante el juez 61 de garantías que se suspendieran las resoluciones expedidas por dicho Ministerio, avalando esa capacitación.
El delegado del búnker sostuvo que consecuencia de esos actos, los procesados deben responder por los delitos de fraude procesal y falsedad ideológica en documento privado. Los cargos no fueron aceptados por Javier Locano Botero, Rodolfo López Zapata y Víctor Manuel Jaramillo Torres, como fueron identificados los galenos.
El fiscal del caso señaló que este proceso no obedece a su condición como médicos, sino al hecho que llevaron a engaño al Ministerio de Educación, presentando documentación que consignaba supuestos estudios en cirugía plástica reconstructiva y estética que, según ellos, hicieron en la universidad Vega de Almeida, ubicada en Río de Janeiro.
La investigación expuesta ante el juzgado da cuenta de que la cantidad de horas que reportaban en los documentos no correspondía con los tiempos en los que los médicos estuvieron en Brasil. El expediente reseña que una especialización de esta naturaleza obliga al cursante a que dedique cuatro años en condición de residente, esto es, una dedicación exclusiva al aprendizaje de este tipo de procedimientos.
La Fiscalía, basada en los registros de Migración, descubrió que los médicos no estuvieron ni un mes en ese país, por lo que las horas de teoría y práctica que recibieron eran propios de un diplomado, pero no de una especialización, como lo presentaron ante los entes nacionales.
En su relato, el delegado del búnker añadió que de no suspenderse esas resoluciones se constituye un peligro latente para los pacientes que acuden a estos consultorios a practicarse algún tipo de procedimiento, ya que son médicos que gozan de cierto reconocimiento en las ciudades en las que tienen sus consultorios.
En este proceso, el Ministerio de Educación se acreditó como víctima, por lo que el apoderado de la entidad apoyó la petición de la Fiscalía y se mostró a favor de que se revoquen las tres resoluciones. En su turno ante el estrado enfatizó que el Ministerio “fue asaltado en su buena fe” y que con los documentos expedidos, los médicos ejercieron actividades propias de una especialidad la cual no tenían.