No jugar con las expectativas
La tan reclamada reforma pensional está hoy en el centro del debate y alrededor de ella, como siempre, verdades y mentiras o mejor, verdades a medias que terminan enrareciendo el ambiente y de nuevo la frustración porque el Gobierno de turno y el Legislativo no son capaces de sacarla adelante.
Si bien en la última década casi todos los años se ha puesto sobre la mesa este debate e incluso se han llevado algunos proyectos al Congreso, fallidos en su mayoría, la realidad es que tanto el régimen de jubilación como el marco legal que rige el trabajo en Colombia continúan sin los ajustes de fondo para corregir falencias que están sobrediagnosticadas.
Cotizar a la seguridad social por horas; reglamentar las nuevas modalidades laborales derivadas de las aplicaciones digitales; un alud de propuestas para disminuir la gran cantidad de colombianos que no cotiza para pensión, salud y riesgos profesionales; replantear el esquema que permite coexistir a los fondos privados y el régimen de prima media; insistir en la necesidad de crear salarios por oficio o regiones; alternativas para acelerar la formalización de la masa de trabajadores proveniente de Venezuela; la eterna discusión en torno a si se puede avanzar una reforma laboral y pensional sin modificar asuntos centrales como la edad de jubilación o el piso mínimo de semanas a cotizar; replantear el sistema para que acceder al beneficio de la pensión familiar; qué hacer con las cajas de compensación; soluciones de fondo a los pleitos por mesadas que sobrepasan el tope máximo señalado por la ley y la jurisprudencia de las altas Cortes; nuevas ideas en torno a cómo acabar con los regímenes especiales que subsisten pero tienen un alto impacto sobre los recursos del sistema debido al esquema de subsidios cruzados…
Alrededor de cada uno de los anteriores ítems hay una gran cantidad de propuestas a cual más contradictorias, muchas de ellas provenientes de actores clave en los sistemas pensional y laboral y que, por obvias razones, van en la dirección de defender sus intereses propios. De igual manera, no puede esconderse que en la “torre de babel” alrededor de estos complejos temas se están mezclando asuntos de orden coyuntural con otros de tipo estructural, lo que no necesariamente termina ayudando a vislumbrar soluciones viables a problemáticas que, como ya se dijo, están sobrediagnosticadas desde ya hace mucho tiempo.
A todo lo anterior debe sumarse que la discusión sobre estos dos asuntos de alto interés público se da en medio de la llamada “Conversación nacional” que se está adelantando desde diciembre pasado luego de la oleada de paros y marchas. Un ronda de diálogos del Gobierno con una amplia gama de sectores políticos, económicos, sociales, institucionales, sindicales y gremiales, cada uno de los cuales, a su vez, tiene una visión muy propia sobre los ajustes que se deben aplicar a un sistema pensional al que hoy solo cotizan tres de cada diez trabajadores y que, además, no contempla un mecanismo eficaz y de amplia cobertura para la vejez. También son múltiples las ópticas sobre la modificación a un mercado laboral que no solo arrastra un alto grado de informalidad y un desempleo alrededor del 10 por ciento, sino que está en proceso de amortiguar el impacto de la cantidad de empleos que son desplazados por la universalización de los desarrollos tecnológicos.
Y como si fuera poco, a todo ese escenario debe adicionarse que sea cual sea la fórmula que se escoja para tratar de corregir las falencias advertidas en ambos sistemas, las reformas deben ir al Congreso para su respectivo trámite. Y allí, al menos por el momento, no se ve un consenso político de amplio espectro que evite el hundimiento de las respectivas iniciativas, como ya ocurrió en varias ocasiones en la última década. Si bien el Gobierno está aplicando en estos momentos una reingeniería en la nómina ministerial, todavía no hay claridad sobre sus efectos en materia de margen de acción política y acuerdo programático de la nueva alianza.
Visto todo lo anterior se entiende por qué se puede concluir que es necesario ordenar la discusión pensional y laboral, no solo para acabar con ese alud de propuestas y polémicas que ha desembocado en la ya advertida “torre de babel”, sino para evitar una nueva decepción a la opinión pública que lleva muchos años esperando que estas dos problemáticas empiecen a solucionarse de forma eficaz y tangible.