Los colombianos desde hace años se vienen quejando por los elevados costos de los medicamentos en el país. La Superintendencia de Industria y Comercio luego de haber sido dotada de ´dientes´ puso al descubierto distintos carteles empresariales con conductas delictivas que llevaron a ese organismo a imponer multimillonarias multas. Fue así como se descubrió el cartel del azúcar, de los cuadernos escolares, de los pañales para bebé y hasta el cartel del Plan de Alimentación Escolar PAE. Pero no hemos visto que desde la valiente Superintendencia le hayan metido los colmillos al todopoderoso cartel de las farmacéuticas en el país.
Con la expedición de la Circular 10 de 2020 de la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos y Dispositivos Médicos, se fija el valor de 770 presentaciones comerciales de fármacos para el tratamiento de diferentes enfermedades (diabetes, enfermedades respiratorias, óseas, oncológicos, desórdenes metabólicos, afecciones cardiacas, oftalmológicos, urológicos, entre otros). Con esta decisión el Gobierno reafirma su compromiso de mejorar el servicio y el acceso a la salud de los colombianos.
Desde el Estado la regulación para los medicamentos no ha sido una labor fácil, y se ha convertido en un campo de batalla donde, además de múltiples demandas, ha habido presiones de todo tipo. La batalla comenzó hace más de 20 años, cuando la CNRPMDM empezó a regular precios. En relación con eso también se hizo el anuncio importante de que se está trabajando en una nueva metodología, muy consultada con las empresas farmacéuticas.
El meollo del asunto es que los gastos en salud pueden explotar a medida que la población colombiana envejece, un hecho que se corrobora con las cifras del Censo poblacional de 2018 que revelaron que para ese año había 40,4 personas mayores de 60 años por cada 100 personas menores de 15 años, cuando en 2005 eran solo 28,7. En esas condiciones, no solo se van a disparar los gastos en salud de los más viejos, sino que también cae relativamente el número de trabajadores activos que financian el sistema de salud.
Por esa razón, la regulación de los precios de los medicamentos resulta una política pública óptima, ya que los controles de precios no solo favorecen a los hogares colombianos que pueden gastar menos en ese rubro, sino que también alivia las cargas en el corto y mediano plazo del sistema de salud y, por esa vía, de las finanzas estatales. Con la expedición de la Circular 10, que en algunos casos reduce los precios hasta en un 84 %, se alcanza un ahorro total para el sistema de $320 mil millones en 2020, como anunció el Gobierno.