¿Prenderá Salvatore Mancuso el ventilador?

300 homicidios le atribuye la justicia al ex jefe de las extintas autodefensas  además de haber ordenado las masacres de La Gabarra, Mapiripán, El Salado y el Aro, entre otras.

La defensa de Salvatore Mancuso aseguró que existe un complot jurídico en contra del exjefe paramilitar con el que estarían buscando silenciarlo y evitar que quede en libertad una vez sea trasladado a Colombia, luego de cumplir su pena en los Estados Unidos.

El próximo 27 de marzo es la fecha de puesta en libertad del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, así quedó confirmado en una carta que Ana Fabiola Castro Rivera, directora de Asuntos Internacionales de la Fiscalía, le dirige a Álvaro Osorio Chacón, director de la Fiscalía Delegada contra la Criminalidad Organizada en la que le informa de la orden del Departamento de Estado norteamericano.

La misiva en la que Castro Rivera notificó a la central de esa dependencia de la Fiscalía en Bogotá, y que fue revelada por Noticias RCN, es para coordinar que Mancuso garantice su comparecencia ante los departamentos que tienen investigaciones en su contra.

La libertad de Mancuso se da tras la decisión de un juez de ejecución de penas del Tribunal de Justicia y Pa y que fue comunicada por los canales oficiales a la justicia de Estados Unidos, ya que Mancuso permanece en una penitenciaria de Atlanta, cumpliendo una pena por cargos de narcotráfico.

La defensa de Mancuso alegó que su defendido cumplió con los requisitos exigidos en la ley, principalmente, haber estado privado de la libertad en prisión por un tiempo superior a ocho años.

Sobre el tiempo en prisión, el despacho consideró el tiempo que permaneció en Colombia privado de la libertad con posterioridad a la postulación, es decir, desde el primero de diciembre de 2006 hasta el 13 mayo de 2008, fecha en la que fue extraditado a los Estados Unidos, y entre ese día a la fecha, “tenemos que este (Mancuso) cumplió su pena alternativa el 30 de noviembre de 2014”.

Pero a la par con el tiempo en prisión, Jaime Paeres, abogado del exjefe paramilitar, también presentó certificaciones que dan cuenta que su cliente ha cumplido con lo ordenado por las sentencias condenatorias que le impusieron por diferentes delitos mientras integró las AUC.

 “Respecto a las actividades de resocialización – dice la sentencia proferida este lunes – se aportó la certificación emitida por la Agencia Federal de Prisiones de Estados Unidos, que da cuenta de las labores de trabajo y estudio realizadas por este (Mancuso) durante su privación de la libertad”.

De igual forma, se tuvo en cuenta que las audiencias a las que ha podido comparecer ha reconocido y manifestado su arrepentimiento, así como su compromiso de no repetición.

En esos fallos también se le ordenaba que presidiera actos públicos de desagravio, los cuales no ha podido realizar por razones obvias, motivo por el cual deberá cumplirlas una vez retorne al país.

El juez también sentenció que “para garantizar el derecho a la verdad (…) Mancuso Gómez se encuentra en la obligación de participar y contribuir eficazmente dentro de las actuaciones transicionales que se adelanten en su contra al logro de conocer la verdad de su accionar”.

Esto significa que el exjefe paramilitar deberá aportar las circunstancias de tiempo, modo y lugar de cada una de las actuaciones criminales ejecutadas, sus autores y partícipes, así como la identificación de las víctimas y las causas de las ocurrencias.

Los delegados de la Fiscalía ante el mencionado tribunal que documentaron los hechos que les atribuyeron a las cuatro estructuras que estuvieron bajo el mando de Salvatore Mancuso no objetaron “el cumplimiento del compromiso con la verdad, así como de la entrega de bienes (…) asegurando que el postulado ha cumplido con sus obligaciones”.

De igual forma, verificaron que Mancuso Gómez no cometió delitos con posterioridad a la fecha de su desmovilización de las estructuras paramilitares y que el proceso penal que se adelanta en Cartagena se encuentra suspendido hasta tanto la Jurisdicción Especial para la Paz decida si lo acoge o no.

La libertad a prueba que se le concedió es por cuatro años y el plazo empezará a correr a partir del día siguiente a la fecha en la que recobre su libertad en los Estados Unidos. Este beneficio “está sujeto a suscripción de diligencia de compromiso dentro de los 45 días calendario siguientes a la ejecutoria de esta decisión”.

Durante estos cuatro años, Mancuso deberá comparecer cada tres meses a la Secretaría de la sala de Justicia y Paz del Tribunal de Medellín. También se le prohibió desplazarse a Córdoba, Sucre, Bolívar, Atlántico, Cesar, Magdalena, Norte de Santander, La Guajira y los municipios de San Pedro de Urabá, Necoclí, Ituango, Arboletes y Apartadó.

Esta restricción obedece a que en esas regiones se vivió el accionar de los grupos paramilitares.

A Mancuso también le prohíben salir del país y se le ordena cumplir con las citaciones a las diligencias judiciales a las que sea convocado tanto por la Fiscalía como las salas de Justicia y Paz.

Luego de esta decisión, la otra gran decisión judicial que espera Mancuso es la citación por parte de la Corte Suprema para que rinda su declaración en el proceso que se le sigue al senador Álvaro Uribe por fraude procesal y soborno a testigos. Su comparecencia se ha visto torpedeada de manera inexplicable en varias ocasiones.

Los procesos que le espera

En su acta, la cual se finiquitó el pasado 16 de enero, el excomandante del Bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) se comprometió a entregar información en diferentes procesos judiciales.

Mancuso, quien fue extraditado en 2008, se presentaría ante esta justicia especial como tercero civil que financió la conformación de grupos armados ilegales, esto haciendo referencia al apoyo que brindó con las denominadas ‘Convivir’ en los departamentos de Antioquia y Córdoba.

En este punto indicó que entregará además información sobre los hermanos Álvaro y Santiago Uribe Vélez, los dirigentes políticos Piedad Córdoba, Iván Cepeda y familiares de Alfonso López.

Y es que pese a ser uno de los máximos comandantes de las AUC, Mancuso habría desempeñado un rol de fomentador de los grupos armados entre los años 1989 y 1996 apoyando el despojo de tierras y las amenazas a todo aquel que se considerara cercano a los grupos subversivos.

Y es que lo que ocurrió en estos años será la piedra angular de los que declarará ante la JEP en relación con el conflicto armado interno, situación que hace referencia al expediente No. 4 que hace referencia a los hechos violentos registrados en el Urabá antioqueño y chocoano.

Debido a esto, después de recuperar su libertad en los Estados Unidos el exjefe de las AUC deberá presentarse ante las autoridades colombianas para atender los procesos pendientes que tiene en la ley de Justicia y Paz, así como la continuación de su sometimiento ante la JEP.

Mancuso Gómez tiene pendiente una investigación por presuntamente beneficiarse de las actividades ilegales de la empresaria del chace, Enilce López, conocida como ‘La Gata’. El exjefe ‘para’ habría participado en una actividad de lavado de activos por una cifra cercana a los 200 mil millones de pesos.

Igualmente, tiene dos sentencias emitidas por la justicia ordinaria por la masacre de El Salado (Bolívar) –registrada entre el 16 y 22 de febrero de 2000- y por la masacre de Magangué (el 28 de marzo de 1997).

En Justicia y Paz fue sentenciado en octubre de 2014 a ocho años de prisión por delitos relacionados con el concierto para delinquir, y homicidio agravado, homicidio en persona protegida, desplazamiento forzado y tortura.

En el fallo se hace referencia a 126 hechos representados en 300 delitos y un saldo fatal de 900 víctimas.

Fuentes cercanas a la Fiscalía General señalaron que la Fiscalía General ya tiene listo el protocolo para que Mancuso sea traslado inmediatamente a Colombia y sea presentado ante las respectivas autoridades judiciales.

Sin embargo, su defensa advirtió el temor que tiene el exjefe de las AUC para regresar, situación por la cual pidió que se le brinden todas las garantías.