El ´cartel´ de las incapacidades médicas
Recién iniciado el Gobierno Duque, la ministra del Trabajo Alicia Arango sorprendió al país revelándole la existencia de un ´cartel´ en la expedición de incapacidades médicas fraudulentas para los trabajadores afiliados a las EPS, y cuyo desangre le estaba costando más de medio billón de pesos al sistema de Seguridad Social. Pero no se supo más nada. O como se dice de manera coloquial: mató al tigre y le tuvo miedo al cuerpo. Y ese sí es un tema con el que se debiera abrir el debate acerca del enorme desangre que se le viene ocasionando al sistema de salud en el país y los perjuicios que para industria y el sector empresarial ello demanda.
Sabido es que los médicos que atienden en las EPS no le niegan a nadie, pero nadie es nadie, una incapacidad por dos o tres días y hasta a veces por una semana. El invento de un dolor, una molestia (casi siempre imposible de comprobar o detectar de manea científica) o cualquier otra pantomima del afectado, hacen saltar al médico como un resorte para extenderle la incapacidad al tramposo, o cuando no, con la complicidad del galeno es el mismo fraudulento el que le pide que se la otorgue. Y hay numerosos casos documentados en los cuales los médicos se prestan para esta y otras vagabunderías a las que ojalá y la Ministra del Trabajo retome el tema y enfrente tamaño problema como debiera ser.
El carrusel de las incapacidades médicas innecesarias para los trabajadores flojos o tramposos deben acabarse. Y uno de los mecanismos más expeditos para lograrlo es comprometer la licencia del propio médico en la eventualidad de que se preste para acompañar el ilícito, por una parte, y de otro lado, facultar al empleador a dar por terminada la relación laboral por justa causa para con quien bajo la argucia, la falsedad y la trampa se incapacita.
Dentro de los propósitos de todos los años en Colombia siempre se pone entre los primeros el de mejorar el sistema de salud, superando la cantidad de anomalías en materia de calidad, sostenibilidad financiera y cobertura que arrastra desde hace tiempo. Y la anterior hace parte de ese ´rosario´ de problemas que enfrentamis. De hecho el actual Gobierno reiteró en los últimos días que priorizó este asunto como uno de los elementos de gestión más relevantes para construir equidad. De allí que el sector tenga este año un presupuesto de 31.8 billones de pesos, más de un ocho por ciento que el de 2019 y la gran mayoría para el funcionamiento del sistema.
¿Por qué es tan alto este último rubro? Sencillo, porque de los 30 billones de pesos que por este concepto manejará el Ministerio del ramo, a los regímenes subsidiado y contributivo se dirigirán más de 19 billones, en tanto que otros 10 irán a los giros de las transferencias que la Nación hace a las entidades territoriales a través de Sistema General de Participaciones para el régimen subsidiado, la salud pública y el subsidio a la oferta. Con estos dineros también se atenderán los proyectos orientados al mejoramiento de la red de urgencias, la atención de enfermedades catastróficas y las reclamaciones de accidentes de tránsito No SOAT. Igualmente se incluyen recursos para la nueva Ley de Médicos Residentes y becas crédito así como para el Programa de Atención Psicosocial y Salud Integral a Víctimas…
Lo importante, en todo caso, no solo es que se aumente de forma sustancial la inversión en el sector salud (que pasó entre 2017 y 2020 de 23,3 a 31,8 billones de pesos), sino que el factor de calidad también crezca de forma sustancial. La tarea que en este sentido cumplió el saliente ministro Juan Pablo Uribe fue positiva, sobre todo a partir del impulso a la ley que aumentó las facultades de la Superintendencia de Salud para sancionar con multas cuantiosas y sanciones drásticas y ejemplarizantes a las Empresas Promotoras de Salud (EPS), las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) -es decir clínicas, hospitales y otras entidades de atención- y a los demás actores del sistema que no presten un buen servicio o dilapiden los recursos. Esto es clave porque si bien hay casos críticos y de alto impacto, como los de Medimás, Saludvida y otras EPS liquidadas o intervenidas, las irregularidades y deficiencias en muchas instituciones continúan a la orden del día.
No puede seguir el país expuesto a que la mayor cantidad de acciones de tutela que se interponen tengan que ver con la presunta violación al derecho fundamental a la salud, según lo constató, una vez más, el último informe de la Defensoría del Pueblo. Por igual, ya resulta desgastante para el propio Estado Social de Derecho que la Corte Constitucional tenga que llamar la atención a cada tanto, en sus fallos sobre los recursos de amparo relacionados con la salud, sobre la persistencia de las fallas coyunturales y estructurales en el sistema de atención y aseguramiento.
Por estos días el país está pendiente de la designación del nuevo Ministro de Salud, que tiene una gran tarea por delante en temas muy puntuales como la aplicación del factor de calidad en los servicios prestados a millones de colombianos o el de la continuidad del plan de salvamento financiero a partir de la clarificación y amortización de deudas entre EPS y las clínicas y hospitales, ya sean del sector público o el privado. Aquí ha sido clave la norma de “punto final” aprobada en el Plan de Desarrollo, que ha permitido inyectar más de un billón de pesos al sector, aunque los pasivos todavía son billonarios. Se requiere, igualmente, avanzar con más celeridad en la mejoría de las condiciones de trabajo de los profesionales de la salud, así como en la efectividad de los programas de salud pública, sobre todo en las zonas rurales y de muy baja cobertura. La Fase IV de modernización y depuración del Sisben será clave en este propósito. No menos desafiante es lo relativo a la posibilidad de que la población migrante venezolana pueda incrementarse este año en más de un millón de personas, con todo lo que ello implica en materia de costo y capacidad de atención a los mismos.