La Sala de Juzgamiento de la Corte Suprema de Justicia determinó archivar la investigación que pesaba sobre el general (r) Rodolfo Bautista Palomino y el general (r) Luis Eduardo Martínez, por el denominado ‘Cartel de los Vándalos’.
La investigación contra el uniformado se dio luego de que en agosto de 2013 la Policía Nacional diera a conocer el denominado cartel donde estaban 48 fotografías de jóvenes que, según las autoridades, habían participado en desmanes contra el Servicio Público de Transporte Transmilenio.
En este caso, la Fiscalía pidió la preclusión aduciendo que el general (r) Palomino no tenía intencionalidad de generar daño a las personas que están en el denominado cartel.
En audiencia pública llevada a cabo este jueves, el magistrado Ariel Augusto Torres, anunció que en el denominado Cartel de los Vándalos, no existe prueba alguna sobre sí los allí vinculados habrían cometido o no un delito.
“Al valorar la Sala en conjunto los elementos materiales de prueba concluye que el contenido del cartel no atribuye una conducta atípica clara, concisa circunstancial o categórica, que satisfaga las exigencias del tipo penal, por el contrario alude al llamado que hacía la Policía Nacional para que la comunidad ayudara a identificar a las personas que habían cometido hechos delictivos”, dijo el magistrado.
A juicio de Torres, si se valora el contenido del cartel, los exoficiales procesados no incurrieron en el delito de calumnia que fue la acción por la que abrieron la investigación a los mismos. “Se comprobó que el afiche se dio con el fin de individualizar y detener a los participes de los desmanes cometidos en la ciudad de Bogotá”, agregó.
La diligencia que tardó un poco más de dos horas fue suspendida para el próximo 28 de febrero, si bien existió decisión del alto tribunal, esta dejó que las partes hicieran reparos sobre la misma.
Al término de la audiencia, el general (r) Palomino aseguró que las actuaciones que adelantó mientras fungió como comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá fueron las acordes como uniformado. “En ese momento lo que hizo las autoridades fue invitar a la ciudadanía a que ayudará a identificar a unas personas que pudieron estar incursos en algunos actos que causaron daño, no solo al comercio sino también a las instalaciones de entidades gubernamentales”.
Contrario a lo que dijo el exoficial, el abogado de las víctimas, Germán Romero, aseguró no estar de acuerdo con la decisión del alto tribunal, porque a su juicio no tuvo en cuenta una serie de pruebas que fueron presentadas en la diligencia.
“Discrepamos la decisión de la sala. Es claro que la Sala no tuvo en cuenta los elementos materiales probatorios, ni las manifestaciones que hicieron los procesados ante un juez de garantías. Creemos que la sala no hizo una valoración integral de las pruebas y los delitos por la cual se abrió la investigación”, afirmó el penalista.
No escatimó en asegurar que en una segunda audiencia van a demostrar que no solo hubo daño al buen nombre y la honra, sino también que se buscaba hacer señalamientos criminales que no fueron confirmados por la Fiscalía General de la Nación.