Cambio Radical, Liberal, Centro Democrático y la U, los partidos más afectados
Alejandra Barrios, directora de la MOE
De acuerdo al último informe de la Misión de Observación Electoral (MOE), las coaliciones de partidos tradicionales son las que más se han visto afectadas por la ola de violencia política que se ha presentado en el país de cara a las elecciones locales del 27 de octubre. Le siguen los partidos Cambio Radical, Liberal, Centro Democrático y la U.
De acuerdo con la entidad, desde el inicio de la campaña electoral el pasado 27 de julio y hasta la fecha, 54 candidatos han sido víctimas de violencia políticas, donde 40 de ellos han sido amenazados, 2 secuestrados, 5 víctimas de atentados y siete aspirantes a cargos de administración local asesinados.
Los partidos MIRA, AICO y el Polo Democrático no tienen víctimas de este fenómeno hasta el momento, debido a que la mayoría de afectados pertenecen a coaliciones y cuatro fueron avalados mediante firmas.
Los mayores ataques se han concentrado en Antioquia, donde se registraron 2 asesinatos y 1 atentado, seguido del Norte del Cauca, con 2 asesinatos; Valle, con uno; el Sur de Bolívar, con uno; Catatumbo, en Norte de Santander, con 2 atentados; y un asesinato; Magdalena y Cundinamarca con un atentado cada uno, respectivamente. En Chocó y en Nariño se ha presentado un secuestro en cada uno.
Desde el inicio de la campaña electoral, el 27 de julio, hasta el 16 de septiembre, el monitoreo de la Misión de Observación Electoral arroja 54 candidatos víctimas de violencia: 40 amenazados (5 de ellas mujeres), 2 secuestrados, 5 víctimas de atentados (una de ellas mujeres) y 7 asesinados (una de ellas, mujer).
Según el documento, de los 17 partidos con personería jurídica, 14 tienen candidatos víctimas de violencia (MIRA, AICO y el Polo no tienen víctimas hasta ahora). La mayoría de las víctimas pertenecen a coaliciones, y 4 de los candidatos víctimas fueron avalados mediante firmas.
La MOE considera que los mayores niveles de letalidad hasta ahora se han concentrado en Antioquia (2 asesinatos y 1 atentado contra candidatos), el norte del Cauca (2 asesinatos), Valle (1 asesinato), sur de Bolívar (1 asesinato), Catatumbo en Norte de Santander (2 atentados y 1 asesinato), Magdalena y Cundinamarca (1 atentado cada uno). En Chocó y en Nariño han secuestrado a candidatos (1 caso en cada uno).
CORRUPCIÓN, LA OTRA MANO NEGRA EN ELECCIONES
Según el Informe de la MOE la falta de reportes de financiación de campañas, la participación indebida de funcionarios públicos y los altos riesgos de trashumancia en 15 municipios son algunos de los principales factores que podrían afectar los próximos comicios.
De acuerdo con datos entregados, al 10 de septiembre del presente año tan solo 559 candidatos (el 0,47% del total de candidaturas inscritas) han reportado en Cuentas Claras algún tipo de ingreso a las campañas.
Ninguno de los partidos políticos supera reportes de más del 1% de sus candidatos.Lo que si va en aumento son las denuncias a través del aplicativo PILAS CON EL VOTO, pues se han recibido un total de 1.297 reportes sobre presuntas irregularidades electorales entre el 27 de octubre de 2018 y el 13 de septiembre de 2019, procedentes de 29 departamentos más Bogotá y 456 municipios (41% del país).
La información se ha concentrado principalmente en irregularidades referentes al comportamiento ilegal de los funcionarios públicos para favorecer una determinada candidatura, la publicidad ilegal y distintos mecanismos que terminan afectando la libertad del votante, ya sea por presiones y amenazas o por compra de votos.
En cuanto a la trashumancia electoral pide prestar especial atención a los 15 municipios en los que se evidencia una inscripción de cédulas atípicamente alta para este proceso electoral y que presentan antecedentes de disturbios en elecciones pasadas.
Los municipios de Alvarado (Tolima), Atrato (Chocó), Becerril (Cesar), Cabuyaro (Meta) y Arroyohondo, Cartagena y El Guamo (Bolívar) tuvieron disturbios en elecciones 2015 y presentan algún tipo de riesgo por trashumancia.
La MOE reiteró su advertencia de que el sistema de protección del Gobierno se puede ver desbordado por la cantidad de solicitudes y la magnitud del fenómeno de la violencia por lo que recomendó maximizar la articulación a nivel territorial con el fin de detectar y atacar los factores de riesgo.