ONU: Asesinato de firmantes, principal obstáculo en implementación del acuerdo
El jefe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, Raúl Rosende, señaló ante la Corte Constitucional que el asesinato de excombatientes representa uno de los principales obstáculos para la implementación del Acuerdo de Paz, en una sesión técnica convocada para analizar los riesgos que enfrentan los firmantes.
Rosende manifestó que la preocupación por estos crímenes se ha reflejado en todos los informes presentados al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y en las declaraciones trimestrales emitidas sobre la situación del proceso de paz en Colombia.
Según explicó, tanto la misión de verificación como la comunidad internacional han insistido en que los homicidios de quienes dejaron las armas en 2017 afectan gravemente los esfuerzos de reincorporación.
Durante su intervención, Rosende explicó que las víctimas de estos asesinatos son, en su mayoría, personas que tomaron la decisión de someterse a la legalidad, realizaron la dejación efectiva de armas y participan en procesos ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), lo que evidencia su tránsito no solo socioeconómico sino también jurídico hacia la vida civil.
«El hecho de que sus vidas hayan sido interrumpidas pone de manifiesto la gravedad de la situación», expresó el jefe de la misión, quien advirtió que los niveles de riesgo se concentran en varias regiones específicas del país.
La intervención de Rosende se dio en el marco de la tercera sesión técnica del Sistema de Prevención y Alerta para la Reacción Rápida, ordenada por la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia SU-020 de 2022, que declaró un Estado de Cosas Inconstitucional por la masiva violación de derechos de ex integrantes de las extintas FARC.
Según la Corte, el sistema no cumple con su propósito constitucional de advertir riesgos y prevenir daños a esta población. Entre las principales fallas detectadas se encuentran la falta de articulación entre entidades, la ausencia de enfoques diferenciales para identificar amenazas y la distribución inequitativa de responsabilidades entre niveles de gobierno.
Durante la sesión, realizada en el Palacio de Justicia, participan delegaciones de 20 entidades territoriales y representantes de firmantes de paz de las macrorregiones más afectadas por las deficiencias del sistema de protección.
La Corte busca que las discusiones permitan superar los bloqueos identificados y avanzar en la formulación de estrategias efectivas que garanticen los derechos de quienes apuestan por la paz. Para ello, ordenó que las autoridades y delegaciones involucradas presenten propuestas concretas y participen en un diálogo «abierto, genuino y transparente», conforme a lo dispuesto en el Auto 345 de 2025.
/Colprensa