Literalmente insoportable
La semana que concluye, tradicionalmente dedicada a la reflexión espiritual, debió haber sido una pausa curadora para resembrar el perdón, la solidaridad y la esperanza que tanto necesita la sociedad colombiana. Sin embargo, estoy convencido que a muchos colombianos nos fue arrebatado el sosiego por la asfixiante realidad nacional, marcada por hechos que, aunque cotidianos, configuran una tormenta social, económica e institucional sin precedentes.
No nos llamemos a engaños: Gustavo Petro sabe exactamente lo que hace y hacia dónde pretende conducir al país. Lo alarmante es que ese destino, trazado con cálculo politiquero y una perversidad apenas disimulada, no es otro que el abismo institucional. Lo suyo no es improvisación: es una estrategia corrosiva para perpetuarse en el poder, fracturando los pilares de la democracia, financiada con recursos públicos y escudada en una demagogia populista.
El tejido social se resquebraja, las instituciones se debilitan, y la separación de poderes -columna vertebral del Estado de Derecho- es blanco de una embestida sistemática. Petro arremete contra el Congreso de la República cuando sus iniciativas fracasan, a pesar de que más del 60% han sido aprobadas. No conforme, alienta a sus aliados a proponer el cierre de esa rama del poder público, en una maniobra desestabilizadora que busca minar la confianza ciudadana y erosionar la legitimidad constitucional del Estado.
Amparado en una narrativa falaz, habla de un supuesto “bloqueo institucional” -un golpe blando que solo existe en su retórica- para justificar una consulta popular sin fundamento jurídico ni respaldo democrático. Bajo ese pretexto, organiza comités de campaña por el “Sí”, encubriendo con ello una arremetida electoral financiada con dineros del Estado, cuyo verdadero fin es impulsar sus listas al Congreso -que paradójicamente propone eliminar- y, quizá, preparar el terreno para la continuidad presidencial. No es descabellado pensar que en su mente calculadora persista la misma pretensión ilegítima y perversa que su mentor Nicolás Maduro concretó en Venezuela.
Mientras tanto, mantiene en libertad a cabecillas de grupos narcoterroristas arropados bajo la figura de “gestores de paz” y ofrece asilo a personajes afines a su ideología, pertenecientes a agrupaciones políticas derrotadas en sus países de origen. Con ello, busca conformar una fuerza de choque que respalde sus ambiciones: una nueva “primera línea”, amparada en la impunidad, el odio, y financiada desde el poder. No sería ingenuo pensar que, incluso, contemple una eventual agrupación política armada.
El asedio no se detiene ahí. También embiste con virulencia al poder judicial cada vez que sus decisiones no se alinean con sus intereses y caprichos. Recientemente, pasó casi inadvertida una frase alarmante que dejó Petro tras el fallo del Consejo de Estado que le prohibió utilizar los canales privados para transmitir sus propagandísticos “consejos de ministros”. Escribió en su cuenta de X: “Respetamos la justicia y algún día la justicia progresista y humana será mayoría; humildes jueces en la base, por su cultura democrática, rescatarán la justicia para el pueblo”. Tal declaración constituye una amenaza velada y una afrenta directa a la independencia judicial y al orden constitucional.
En suma, tanto Gustavo Petro como el rumbo que ha impuesto al país resultan hoy, sin eufemismos, literalmente insoportables. A los colombianos -y, en especial, a quienes ejercen liderazgo político y de opinión- nos corresponde reaccionar con firmeza, lucidez y coraje. Callar, en este momento crucial de nuestra historia, es claudicar ante un naciente autoritarismo.
*Expresidente del Congreso