Piden juicio para el representante Jhony Palacios por presunta corrupción
Colprensa
La Procuraduría General solicitó a la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia que se llame a juicio al representante a la Cámara por el Partido Liberal, Jhony Carlos Palacios Mosquera, por su presunta implicación en hechos de corrupción relacionados con un contrato firmado durante su gestión como gobernador del departamento del Chocó.
El Ministerio Público informó que el caso gira en torno a irregularidades detectadas en la cesión del Convenio 01 de 2014, un acuerdo que ya presentaba problemas significativos en su ejecución.
La cesión del contrato fue autorizada bajo condiciones que, según el órgano de control, no garantizaban el interés general ni cumplían con los estándares legales necesarios.
En lugar de buscar una solución que asegurara el cumplimiento del convenio, la decisión habría permitido que la misma entidad jurídica responsable de los problemas iniciales continuara con la ejecución del proyecto, sin que se declarara formalmente el incumplimiento del contrato.
Uno de los puntos clave en la investigación es la capacidad financiera de la empresa Service SAS ESP, que fue parte del consorcio encargado de ejecutar el convenio.
Según los hallazgos de la Procuraduría, esta compañía no contaba con los recursos económicos necesarios para asumir un proyecto de tal magnitud.
Además, se señaló que el aporte financiero de la empresa al consorcio estaba respaldado únicamente por la hipoteca de un bien inmueble, propiedad del esposo de una de las personas involucradas, con un valor estimado de $1.000 millones (aproximadamente 240.000 dólares estadounidenses).
La Procuraduría destacó que esta garantía representaba únicamente una expectativa de recursos, lo que generaba dudas sobre la viabilidad financiera del proyecto. Este hecho fue corroborado por el testimonio de Jorge Montañez Flórez, representante legal suplente de Ciserspu, quien indicó que la inyección de capital dependía de dicha hipoteca.
Otro aspecto señalado por la Procuraduría es la ausencia de una justificación válida para autorizar la cesión del Convenio 01 de 2014.
Según el Ministerio Público, esta decisión no solo carecía de fundamentos sólidos, sino que también contravenía los principios que deben regir los negocios jurídicos celebrados por entidades estatales.
En lugar de proteger el interés público, la cesión habría perpetuado las irregularidades ya existentes en el contrato. La Procuraduría argumentó que la cesión fue una estrategia para evitar el procedimiento formal de declaratoria de incumplimiento, lo que habría permitido a la misma empresa continuar con la ejecución del convenio sin enfrentar las consecuencias legales correspondientes.
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