Juramentos incumplidos
Según lo proclama la Constitución, Colombia es una República democrática, en la cual el ejercicio de todo poder se encuentra sujeto a las normas superiores y corresponde a un Estado Social de Derecho, que debe orientar su actividad a la realización del interés general y a la preservación de los valores fundamentales de los asociados: la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, democrático y participativo que garantice un orden político, económico y social justo.
Se supone que eso lo saben quienes ejercen el poder público, y eso es lo que prometen a sus electores quienes son elegidos por voto popular, ya sea en el gobierno o en las corporaciones públicas. Como lo exige el artículo 122 de la Constitución, no pueden tomar posesión de sus cargos sin prestar juramento de cumplir y defender la Constitución y desempeñar, con arreglo a ella, los deberes que les incumben.
Sin embargo, la realidad muestra con frecuencia que muchos servidores públicos ignoran u olvidan tan elementales principios. Así lo muestran los recientes acontecimientos, particularmente en lo que atañe al ejercicio de la función legislativa. Se ha entrado en un inadmisible conflicto entre el Congreso y el Gobierno Nacional y se ha incumplido el sabio mandato del artículo 113 de la Constitución: “Los diferentes órganos del Estado tienen funciones separadas, pero colaboran armónicamente para la realización de sus fines”.
Tal parece que, hoy por hoy, lo de menos es el logro de los fines estatales. Lo de menos es el interés general. Lo de menos es la satisfacción de las necesidades y urgencias de la colectividad. Lo que importa es el beneficio de la pequeña política; el éxito de los propósitos buscados desde las posiciones políticas extremas, en el curso de una polarización que continúa causando enorme daño al pueblo colombiano. Para uno de esos extremos, el objetivo consiste en bloquear, como sea, las propuestas, los programas y los proyectos del Ejecutivo. En el lado opuesto, el Gobierno responde manifestando que rompe con el Congreso y que el pueblo “sacará a los congresistas de sus cargos”. No lo dijo, pero suponemos que en las próximas elecciones.
Lo grave para Colombia es que no hay diálogo sino enfrentamiento, colisión, choque, disputa. No hay búsqueda de consenso. No hay colaboración armónica, en procura del interés general.
Ocho integrantes de la Comisión Séptima del Senado imponen arbitrariamente una mayoría que, mediante archivo, hunde -sin debate alguno y solo por bloquear- un proyecto de reforma laboral que había sido aprobado en la Cámara de Representantes. Impide a los demás senadores conocer su contenido, considerarlo y discutirlo.
Ocurrirá lo mismo con el proyecto de reforma a la salud. En ambos casos, lo importantes es bloquear. Lo de menos, los derechos de los trabajadores y el equilibrio en las relaciones laborales. Lo de menos, el derecho a la salud, a la integridad y a la vida, cuando estamos viendo a diario la angustia de miles de pacientes con enfermedades graves, a quienes se niega atención, tratamientos y medicamentos.
Congresistas y gobernantes: cumplan su juramento y retomen la colaboración armónica para lograr los fines estatales.
*Exmagistrado*Profesor universitario