Prohibido enfermarse
Con la aprobación del proyecto de reforma a la salud en la Cámara de Representantes, quedó demostrado que en el Congreso prima la mermelada sobre la vida de los colombianos. Muchos pensaban que, al menos por conciencia, algunos congresistas se negarían a poner en riesgo la salud de millones de personas. Pero no, prefirieron asegurar contratos, puestos y poder incluso sabiendo que esta reforma afectará a todos porque la enfermedad no distingue estratos ni ideologías. Tal vez ellos tengan los recursos para costear clínicas privadas, pero sus amigos, familiares y conocidos no necesariamente correrán con la misma suerte.
Cuando los tratamientos se interrumpan, cuando los pacientes con enfermedades de alto costo no reciban sus medicamentos porque el sistema colapsó, cuando una simple autorización médica se convierta en un viacrucis y comiencen a multiplicarse los casos de personas que mueren por falta de atención, no vengan a llorar en los funerales. Ustedes serán los responsables.
Como siempre, la estrategia del Gobierno ha sido engañar a la ciudadanía. En su libreto, afirmaron que antes de presentar la reforma se llevaron a cabo mesas públicas para concertar con los distintos actores del sistema de salud. Pero la realidad fue otra: esas mesas no fueron más que una farsa. Lo que realmente hicieron fue reunirse entre ellos mismos, sin voces críticas ni discusión real, con el único propósito de maquillar la reforma y hacerla parecer distinta, cuando en esencia es prácticamente la misma.
El fondo sigue intacto: más burocracia, menos garantías para los pacientes y un control político absoluto sobre la salud. Mientras tanto, siguen saliendo a la luz negociaciones oscuras, como la eliminación del artículo que garantizaba la meritocracia en la elección de gerentes de hospitales públicos. Con esta jugada, aseguran que los hospitales queden en manos de fichas políticas y no de profesionales con experiencia, dejando claro que la prioridad no es mejorar el sistema, sino controlarlo.
El Gobierno ha insistido en que quería acabar con las EPS, pero lo que hizo fue todo lo contrario. Tras una negociación turbia, decidió mantenerlas, quitarles funciones y pagarles más. Ahora serán “gestoras”, sin la responsabilidad de administrar el riesgo en salud, pero con recursos asegurados. Al final, las EPS no solo sobrevivieron, sino que terminaron beneficiadas: con menos carga y más plata.
La reforma también convierte a la ADRES en un ente todopoderoso. Manejará el dinero, definirá tarifas, contratará y hasta hará inteligencia artificial. Tener todo el control en un solo actor es abrir la puerta al abuso y la corrupción. Además, el artículo 44, denunciado por el representante Cristian Avendaño, permite la adjudicación de contratos para infraestructura hospitalaria sin licitación. Con esto, la salud se convierte en una caja menor del gobierno para repartir contratos a dedo y construir elefantes blancos con dinero que debería destinarse a medicamentos, tratamientos y especialistas.
Pero la reforma no solo busca controlar la salud, también es una jugada electoral. El Gobierno está asegurando el manejo de los recursos y la contratación en el sector salud como una herramienta de poder para el 2026. No es casualidad que eliminen la meritocracia y repartan contratos a discreción; necesitan estructuras clientelistas sólidas para mantenerse en el poder.
Han sido varias las denuncias sobre el ofrecimiento de mermelada a los congresistas para que apoyen la reforma. Uno de los botines más codiciados es la Dirección de Asuntos Religiosos del Ministerio del Interior. Este ha sido un feudo de los congresistas cristianos, y estaremos atentos a quién llega a ese cargo y cuál es su relación con los parlamentarios que han impulsado esta reforma. No olvidemos que, hasta el día de hoy, ningún gobierno ha sido capaz de imponer impuestos a las iglesias. Eso no es gratis.
El 26 de febrero, la Corte Suprema llevó a cabo una inspección judicial en el Congreso, incluyendo la Presidencia y las secretarías de ambas cámaras, así como las Comisiones Séptimas. Esto deja claro que la Corte sigue de cerca cada voto y el comportamiento de los congresistas, especialmente si hay cambios de postura inesperados a última hora. Ojo, porque la libertad debe prevalecer sobre el poder y el dinero. Las decisiones que se están tomando no pasan desapercibidas, y hay ojos vigilando cada movimiento.
El Senado tiene la última palabra. Esperamos que la Comisión Séptima se mantenga firme y frene esta aberración de proyecto. Los senadores que tienen en sus manos la posibilidad de frenar este desastre son Norma Hurtado del Partido de la U, Esperanza Andrade del Partido Conservador, Miguel Ángel Pinto del Partido Liberal, Lorena Ríos de Colombia Justa Libres, Nadia Blel del Partido Conservador, Honorio Henríquez del Centro Democrático, Alirio Barrera del Centro Democrático, Berenice Bedoya de ASI y Ana Paola Agudelo del Partido MIRA.
El país los está mirando.
*Exdirectora del ICBF