La directora de Sustitución de Cultivos, Gloria Miranda, detalló en entrevista con La W que quienes se acojan a la erradicación recibirán cerca de 1.280.000 pesos mensuales —equivalentes al 90% de un salario mínimo legal vigente— durante 12 meses. El objetivo es asegurar un ingreso mientras las familias establecen cultivos lícitos y generan sus primeros rendimientos.
A diferencia de otros intentos de sustitución, esta estrategia incluirá la titulación de tierras para los campesinos que cambien permanentemente el uso de sus predios. Además, se articulará con el sector financiero para ofrecer créditos con amplios periodos de gracia.
“La economía siempre se ha basado en los cultivos de uso ilícito y es necesario un sustento que sustituya los ingresos de la hoja de coca”, explicó Miranda.
El plan priorizará los municipios más afectados de Norte de Santander, como Tibú —que concentra el 52% de las siembras ilegales—, El Tarra y Sardinata, donde el Gobierno busca implementar vías y mejoras logísticas para facilitar la comercialización de los nuevos productos.
Según la funcionaria, ya hay más de 3.000 hectáreas comprometidas en la sustitución, y se espera que los primeros pagos a cultivadores se realicen en los próximos días, siempre y cuando se disponga del recurso asignado.
Con un presupuesto estimado en 362.000 millones de pesos, se espera que la iniciativa atienda las raíces de la economía ilícita y brinde una alternativa a las comunidades del Catatumbo, al tiempo que reduce la financiación de los grupos armados ilegales que operan en la región.
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