SuperSociedades aprueba plan de desmonte a sociedad ganadera El Paraíso
La Superintendencia de Sociedades aprobó el plan de desmonte a la sociedad ganadera El Paraíso y otros intervenidos, con el que se busca la devolución voluntaria del dinero de los afectados por la presunta pirámide ganadera.
Para junio de 2023, la Supersociedades adoptó una medida administrativa por captación no autorizada de dinero del público respecto de El Paraíso, además se inició un proceso judicial bajo la medida de toma de posesión, la cual tenía por objetivo lograr la devolución de los dinero de todos los afectados.
En marzo del 2024 la sociedad intervenida presentó una propuesta de devolución voluntaria del dineros, la cual luego de pronunciamientos judiciales y posterior cumplimiento de todos los requisitos legales fue aprobada, a través del Auto 2025-01-062520 del 20 de febrero de 2025, dando la oportunidad de devolución de la totalidad de los dinero a las personas afectadas, dicha entrega deberá realizarse en un periodo de 36 meses.
La Superintendencia informó que en total los afectados reconocidos en el proceso judicial son 3.136 por valor de $83.196.226.632; sin embargo, el proceso judicial que se adelanta se estima en $21.000.000.000, lo cual se traduce en una probabilidad de pago del 25,24% del total de la captación.
Con esta decisión termina la medida de intervención judicial de toma de posesión pasando a la medida de intervención de Plan de Desmonte de la sociedad.
Frente a este anunció el Superintendente de Sociedades, Billy Escobar destacó que “en los casos de captaciones no autorizadas de dinero, la legislación contempla la devolución voluntaria de los mismos, por lo cual encontramos que las propuestas de devolución de dineros, a través de la figura de plan de desmonte.
Escobar sostuvo que esa propuesta «debe ser un instrumento que conozcan y del cual hagan uso las personas que se encuentran, tanto en investigaciones administrativas o en procesos de intervención judicial, aspecto que hace menos grave las medias, se disminuyen los costos que estos procesos involucran y la posibilidad de restablecer en corto plazo el impacto social sobre la economía de los ciudadanos que han entregado sus dineros”.
/Colprensa