Embarazadas y pacientes con VIH quedan sin salud por retiro de USAID

La suspensión de los recursos de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), ha generado una crisis en la atención de migrantes en Valledupar, dejando en incertidumbre a miles de personas que dependían de estos fondos para acceder a servicios de salud y asistencia humanitaria.

Desde el 2020, el Hospital Eduardo Arredondo Daza (HEAD) ha prestado atención médica gratuita a migrantes venezolanos y colombianos retornados en el  Puesto de Salud La Victoria, que había estado cerrado durante ocho años y cuya reapertura fue posible gracias a un contrato entre el HEAD y la Fundación Americares, financiado en gran parte por la USAID. Sin embargo, este beneficio está afectado por la reciente decisión de Estados Unidos de congelar estas ayudas.

El impacto de esta medida afecta directamente a migrantes sin afiliación al sistema de salud colombiano, quienes recibían atención médica general, psicológica y medicamentos sin costo, siendo las madres gestantes y las personas con VIH las más afectadas por esta situación.

Ahora, la incertidumbre sobre el futuro de esta asistencia preocupa tanto a los beneficiarios como a organizaciones que trabajan en la atención de esta población vulnerable.

EN PELIGRO LA POBLACIÓN VULNERABLE

Katy Duarte, presidenta de presidenta de Funmupaz, expresó su preocupación frente a la reciente situación que se enfrenta por el corte de recursos, teniendo un impacto significativo en varias poblaciones vulnerables que dependen de los servicios con ayudas internacionales.

En primer lugar, la población de migrantes y colombianos retornados sin afiliación a salud, que ha sido apoyada por la fundación, se encuentra en una situación crítica al no contar con atención en salud. Este grupo incluye a madres gestantes que no están recibiendo la atención prenatal necesaria, lo cual pone en riesgo tanto sus vidas como la de sus futuros hijos; además de la población con VIH que se encuentra desprotegida sin acceso a medicamentos ni a controles médicos indispensables para su tratamiento.

“Asimismo, nos enfrentamos a la falta de apoyo en transporte humanitario, lo cual limita nuestra capacidad para realizar y participar en actividades y jornadas con la comunidad. Esto nos impide ofrecer el acompañamiento necesario y afecta negativamente la ejecución de nuestros programas”, dijo la líder.

Otra de las áreas afectadas, es el apoyo al arriendo para la población migrante vulnerable. Sin este respaldo, muchas familias se encuentran en riesgo de quedar sin hogar, lo que agrava aún más su situación de vulnerabilidad.

Asimismo, Iveth Ibáñez, representante de la asociación para migrantes ‘Red Panas’, expresó que otras organizaciones como la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) también recibían apoyo de la USAID para programas en la región. No obstante, ante la coyuntura actual, sus funcionarios han evitado pronunciarse públicamente, aunque aseguraron que seguirán operando bajo otras estrategias.

A la crisis sanitaria se suma el estancamiento en el trámite del Permiso de Protección Temporal (PPT) por parte de Migración Colombia, lo que ha dificultado la inclusión de niños y adolescentes en el sistema educativo.

Ante este panorama, las autoridades locales y organizaciones humanitarias buscan alternativas para mitigar el impacto de la falta de financiación, pero la incertidumbre persiste entre los migrantes que dependen de estos servicios para su bienestar y estabilidad en Valledupar.