Defensora del Pueblo recorrió predios de Sabana 1 en busca de la legalidad

Ante el llamado realizado desde el municipio de Valledupar, por la incertidumbre generada ante lo expuesto en la sentencia T-946 de 2011 de la Corte Constitucional, que implica desalojar a más de 5.600 familias de sus casas en Sabana 1, la defensora del Pueblo, Iris Marín, visitó la zona y acordó iniciar la ruta de atención para garantizar los derechos de más de 21 mil personas afectadas ante un posible desalojo.

El encuentro se realizó en la Institución Educativa Ricardo González González de la capital del Cesar, precisamente en la comuna 5 donde están ubicados los asentamientos Brisas de La Popa, Los Guasimales, Altos de Pimienta y Bello Horizonte II, en la denominada jornada de atención descentralizada para la comunidad, organizada por la Defensoría del Pueblo.

“Se ha tomado la decisión de acompañar este cumplimiento de una sentencia que habla de la obligación, no solo de garantizar los derechos a ciertos grupos de personas, sino también garantizándolos teniendo en cuenta el rol que tiene la Defensoría del Pueblo”, manifestó Iris Marín, defensora del Pueblo.

El objetivo es ser garantes imparciales, garantes cuyo único propósito sea garantizar los derechos de todas las personas y particularmente el derecho de las personas más vulnerables de los barrios con necesidades urgentes.

El alcalde de Valledupar, Ernesto Orozco Durán, agradeció la visita de la Defensora, no sin antes describirle que “el posible desalojo genera preocupación y ansiedad entre los afectados”.

“Estamos comprometidos a trabajar de la mano con la Defensoría del Pueblo para encontrar soluciones justas y equitativas. Nuestro objetivo es garantizar que los derechos de todos los ciudadanos sean respetados y que se tomen en cuenta las necesidades y circunstancias particulares de cada familia en Sabana 1, pero también darles garantías a los dueños de los predios”.

A este pronunciamiento se unió la gobernadora Elvia Milena Sanjuán, quien pidió proteger a las mujeres, quienes son vulnerables en los sectores de Sabana 1: “Alcalde Ernesto Orozco, en esa gesta y en esa búsqueda implacable que usted tiene de legalizar los asentamientos ilegales en la ciudad, usted no está solo, cuenta con el concurso de mujeres que sabemos lo que se padece al interior del hogar y la familia. Gracias por venir a Valledupar doctora Iris, pero sentiremos que nuestros lazos de hermandad con una entidad que ve al ser humano como sujeto de derecho se consolidará el día que podamos hacer de Valledupar esa ciudad sin asentamientos ilegales”.

AFECTADOS SE EXPRESARON

Brisas de La Popa, Los Guasimales, Altos de Pimienta y Bello Horizonte II, cada uno tuvo participación y tiempo para exponer sus necesidades ante la defensora Iris Marín Ortiz y asistentes a la Institución Educativa Ricardo González González.

“Llegamos por una necesidad. Hoy le dice una afro, una desplazada, una guerrera, necesitamos esa vivienda porque no tenemos la fuerza para pagar un arriendo. La exhorto a caminar los predios de Sabana 1 para que conozca cómo vivimos”, relató Ana Beltrán, líderes de Los Guasimales.

Mientras que Consuelo Campo, de Brisas de la Popa, dijo “somos un barrio subnormal pero tenemos mucho desarrollo. Le doy las gracias al Señor Alcalde porque por primera vez hemos tenido a alguien con la berraquera, el talante, de ponerse los pantalones y luchar por Sabana 1”.

Y otros como Freddy Martínez, de Bello Horizonte 2, hicieron saber la problemática en temas como salud: “No tenemos servicios públicos, son 15 y 16 años de estar allí y no tenemos más huecos donde hacer pozas sépticas, las aguas se derraman y eso nos implica un problema de salubridad”.

Tras escuchar a los afectados, Iris Marín Ortiz, Ernesto Orozco Durán y Elvia Milena Sanjuán, hicieron un recorrido por Bello Horizonte 2 y Brisas de la Popa, donde revalidaron las precarias condiciones que, en materia de salubridad, infraestructura vial, servicios básicos como aseo y agua potable, están ausentes tras la falta de legalidad que prohíbe las inversiones por parte del Estado.

Las comunidades fueron escuchadas por las autoridades locales y nacionales.