Viviendo en el infierno

Los negociadores del proceso de paz con las FARC aseguraron al país que el acuerdo firmado era el “mejor posible”. Sin embargo, en lo que respecta a los niños y adolescentes, las víctimas más vulnerables del conflicto, no lo fue.

Durante las negociaciones, los niños no ocuparon un lugar central en el proceso, ya que el tema fue tratado como un prohibido por las Farc, quienes eran conscientes de las graves repercusiones legales que implicaría reconocer este delito.

Fui directora del ICBF y me retiraron en medio de la supuesta entrega de los niños por parte de las Farc. Como lo denuncié públicamente, aquello fue una farsa absoluta: apenas entregaron a 121 jóvenes, de los cuales algunos ni siquiera eran menores de edad. Los otros miles fueron liberados por debajo de la mesa, abandonándolos a su suerte y sin ningún tipo de apoyo. Como consecuencia, muchos de ellos fueron nuevamente reclutados por otros grupos armados, ya que algunos habían perdido a sus familias, otros habían quedado incomunicados con ellas y, en muchos casos, no contaban con los recursos ni el apoyo necesario para reconstruir sus vidas.

La FM entrevistó a Vanesa García, víctima de esta crueldad, y su testimonio es estremecedor. A los 9 años, una mañana, las Farc irrumpieron en su colegio en una redada y, junto con otros dos hermanos, la sacaron a la fuerza y la llevaron al monte. Allí vivió experiencias desgarradoras, como entrenamientos brutales que excedían las capacidades físicas y emocionales de una niña. A los 11 años, El Paisa comenzó a violarla y a los 13 quedó embarazada por primera vez. Posteriormente, le practicaron cinco abortos forzados.

A su padre lo secuestraron y lo mantuvieron encadenado durante tres meses. Poco después de su liberación, lo asesinaron.

Pese a todo, logró escapar y fue acogida por el Ejército, donde comenzó un proceso de reincorporación. Salir de la guerra no fue fácil. El miedo, las secuelas físicas y emocionales, y la incertidumbre han dejado cicatrices profundas. Aunque hoy intenta reconstruir su vida con una hija de 5 años, su pasado sigue pesando sobre ella: uno de sus hermanos fue asesinado y su hermana sobrevivió a un atentado.

Imaginen que este relato le hubiera sucedido a sus hijos.. Piensen en una niña de tan solo 9 años, tiritando de miedo, enfrentándose al horror.

Esta semana, la JEP imputó cargos a seis exintegrantes del Secretariado por este crimen. Este proceso, que inexplicablemente ha tardado más de ocho años, documentó el reclutamiento de 18,677 niños, algunos de tan solo 9 años.

El testimonio de Vanesa es un recordatorio de la magnitud de estos crímenes y de la deuda histórica que el país tiene con los niños. No solo se trata de buscar justicia, sino también de garantizar que historias como la suya no se repitan jamás y que las víctimas reciban el apoyo, la reparación y el reconocimiento que tanto necesitan.

Aunque ya es tarde para borrar las profundas heridas que dejaron en las víctimas, es imperativo que estos monstruos paguen por sus crímenes. Sabemos que no estarán en una cárcel convencional, pero debemos garantizar que se cumpla lo establecido en el acuerdo de paz. Una de las mayores preocupaciones, incluso de los negociadores y quienes trabajaron en los textos del acuerdo, es que la JEP no aplique íntegramente las sanciones pactadas.

El acuerdo establece que las sanciones deben incluir un componente de restricción efectiva de la libertad, con una duración de 5 a 8 años. No obstante, la JEP parece priorizar únicamente el componente restaurativo, algo que es insuficiente y que contradice lo acordado. Las sanciones deben ser integrales: combinando el componente restaurativo, que incluye trabajos como reforestación o construcción de vías, con el retributivo, que implica la restricción efectiva de la libertad.

No podemos permitir que las sanciones se limiten a simples proyectos comunitarios, sin incluir una restricción real de la libertad. Esto sería una traición al acuerdo y una burla para las víctimas, quienes tienen derecho a una justicia que cumpla con lo pactado.

Aunque todos desearíamos ver a estos criminales tras las rejas, lamentablemente eso no fue lo que se acordó. Sin embargo, lo que sí debemos exigir es que, al menos, se cumpla con lo establecido en el acuerdo. Esto es lo mínimo frente al daño que causaron, y no hacerlo sería un acto de impunidad inaceptable. Es fundamental presionar a la JEP para que asuma su responsabilidad y actúe con la celeridad que las víctimas merecen.

Y para cerrar esta columna con el corazón aún más desgarrado, recordemos que esa cifra escalofriante de 18,677 niños no se detiene, especialmente con la reorganización de los grupos narcoterroristas permitida por el gobierno de Petro. Así que, cada noche, antes de dormir, recuerden que en este preciso momento miles de niños siguen sufriendo este infierno.

*Exdirectora del ICBF