Avanza estrategia para humanizar el sistema penitenciario en Colombia
El Ministerio de Justicia y el Departamento Nacional de Planeación (DNP) avanzaron este jueves en la construcción del nuevo Consejo Nacional del Política Económica y Social (CONPES) para la reforma del sistema penitenciario, una política pública que busca mejorar las condiciones de los más de 104.000 reclusos del país con un enfoque en derechos humanos y resocialización.
Este documento, que se encuentra en proceso de elaboración, tiene como objetivo atender las necesidades del sistema carcelario, promoviendo la dignificación de la población privada de la libertad en los 125 centros penitenciarios del país.
Durante una jornada en la cárcel «La Modelo» de Bogotá, la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, y el director del DNP, Alexander López Maya, lideraron un encuentro con funcionarios de distintas entidades gubernamentales para sensibilizar sobre la situación del sistema carcelario y avanzar en la definición de los lineamientos del CONPES.
La jornada fue una primera sesión de trabajo en la que se abordaron temas clave como la salud, la alimentación, el acceso a la educación, el trabajo dentro de los centros penitenciarios, y los servicios domiciliarios para las personas privadas de la libertad.
«Este CONPES es el primer paso para lograr una política pública que no solo busque mejorar las condiciones del sistema carcelario, sino también garantizar los derechos de las personas privadas de la libertad», señaló la ministra Buitrago.
En su intervención, destacó que la elaboración de esta política se basa en los mandatos de la Corte Constitucional desde 1998, que ordenan mejorar las condiciones de los reclusos y garantizar su dignidad.
El DNP, por su parte, subrayó la importancia de abordar de manera integral la crisis del sistema penitenciario, uno de los más sobrecargados de la región.
Según cifras oficiales, Colombia cuenta con 125 establecimientos penitenciarios, con una población carcelaria superior a los 104.000 reclusos, de los cuales más del 93% son hombres y el resto, mujeres. La mayoría de los internos se encuentran en el rango de edad entre 18 y 44 años, lo que plantea retos significativos en términos de rehabilitación y resocialización.
López explicó que en el marco de la construcción del CONPES se realizarán mesas técnicas con diversas entidades del Estado, y se escucharán también las voces de los internos y sus familias, así como de los funcionarios encargados de la seguridad y la administración de los centros carcelarios.
«Queremos avanzar en la construcción de una política pública integral que contemple tanto la parte económica como los recursos necesarios para resolver la crisis estructural del sistema carcelario, con miras a largo plazo», afirmó López.
En la jornada, participaron más de 150 funcionarios de diversas entidades, como los ministerios de Cultura, Educación, Trabajo, Salud, así como la Secretaría de Seguridad, Fiscalía, Contraloría, Defensoría del Pueblo, y el INPEC. Esta diversidad de actores refleja el enfoque interinstitucional del CONPES, que busca una respuesta coordinada a la compleja situación del sistema penitenciario en Colombia.
En cuanto a las características del sistema carcelario colombiano, se destacó que el 58% de la población penitenciaria participa en programas de redención, que incluyen actividades como la educación y el trabajo, pero que, a pesar de ello, el nivel educativo de la mayoría de los internos sigue siendo bajo, lo que limita las posibilidades de resocialización efectiva.
Con el nuevo CONPES, el gobierno busca no solo mejorar la infraestructura y la operatividad de los centros penitenciarios, sino también asegurar que los derechos humanos de las personas privadas de la libertad sean respetados, garantizando su acceso a la salud, a la educación y a un ambiente de trabajo que les permita su reintegración a la sociedad una vez cumplan sus condenas.
El proceso de construcción del CONPES continuará en los próximos meses, con el fin de presentar un documento final que detalle las políticas públicas y las inversiones necesarias para mejorar las condiciones del sistema penitenciario y avanzar en la rehabilitación y resocialización de los reclusos.
/Colprensa