Fallo judicial pone en peligro seguridad energética del país
La seguridad energética de Colombia la han puesto a tambalear como consecuencia de un fallo de tutela que para el Gobierno y el sector petrolero de la Nación es mprocedemte y tiene falsas motivaciones. La Asociación Colombiana de Petróleo (ACP), en conjunto con Naturgas manifestaron su preocupación por el fallo de tutela que ordena la suspensión de la actividad de exploración de gas natural en el pozo Uchuva 2.
Esta decisión impactará a los hogares, industria y vehículos, ya que los nuevos descubrimientos son insuficientes para reponer las reservas de petróleo y gas que se consumen en el país.
“El gas de este proyecto llegaría a un punto que permite suministrar gas en el norte del país y en el interior. Es decir, este es el proyecto que cuando entre en operación y producción resuelve el problema de la oferta de gas de Colombia”, dijo Frank Pearl, presidente de la ACP.
Con este fallo, Uchuva 2 no podrá entrar en operación a partir del 2029 (como se esperaba), haciendo que nuestro país importe una cantidad mayor de gas para cubrir el déficit que se tendría a partir del año entrante de 7,5% de la demanda total nacional.
“Decisiones como la que hoy nos estamos enfrentando lo que hace es retrasar la entrada en operación de esos proyectos y poder garantizarle a los colombianos recuperar la autosuficiencia”, indicó la presidenta de Naturgas, Luz Stella Murgas.
Por su parte, el presidente de la ACP aseguró que “son decisiones arbitrarias que están apagando el país”, ya que del Bloque Tayrona del que hace parte el pozo Uchuva 2 puede abastecer el 40% de la demanda nacional.
“Nosotros necesitamos gas para funcionar todos los días, todos en nuestra vida diaria. 36 millones de personas en Colombia somos usuarios de gas (…) se está poniendo en riesgo nuestra soberanía, nuestra seguridad energética y la calidad de vida y el día a día de la vida de los colombianos”, afirmó Pearl.
De acuerdo con el fallo, en Uchuva 2 hay presencia de comunidades por lo que se debe frenar la exploración, sin embargo, Uchuva 2 está localizado a 31 kilómetros de la línea de costa, en aguas profundas (837 metros de lámina de agua) en mar territorial colombiano
NO SE VULNERÓ DERECHO ALGUNO
En relación con el proyecto de Uchuva-2 y el cumplimiento de los trámites requeridos para su ejecución, ambas entidades manifestaron que con la ejecución del proyecto, no se «vulneró el derecho fundamental» a la consulta previa a ninguna comunidad indígena, asegurando que «toda vez que la Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior, mediante Resolución ST-1630 de 2023, confirmó la no presencia de comunidades étnicas en el área de influencia del proyecto y, por tanto, tampoco su afectación directa».
Mencionan que la certificación de no presencia de comunidades étnicas en el área de influencia del proyecto ha sido reiterada por la entidad en varios actos administrativos. «Y en los 18 años que la empresa lleva ejecutando el proyecto, nunca se había manifestado ningún requerimiento o reporte de impactos por parte de la comunidad».
También afirmaron que tampoco se encuentra demostrada alguna afectación directa relacionada con la actividad de pesca artesanal, teniendo en cuenta que las conclusiones del Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (Invemar), organización adscrita al Minambiente, confirmó la no existencia de actividad de pesca artesanal en el área de influencia del proyecto.
OPINA NATURGAS
Para la presidenta de Naturgás, Luz Stella Murgas, «hoy Colombia necesita con urgencia anticipar el desarrollo de los proyectos que tenemos costa afuera. El Bloque Tayrona, donde se encuentra Uchuva, tiene un potencial de 400 MPCD, cantidad que permitiría retomar la autosuficiencia del país en el mediano plazo. Los proyectos costa afuera tienen un potencial que puede brindarle a Colombia seguridad energética por varias décadas, así como en su momento lo hicieron Cusiana, Cupiagua, Ballena y Chuchupa».
Y agregó que la comunidad de Taganga debe considerar que: «ante el derecho fundamental a la consulta previa que reclama luego de dos décadas de cumplimiento de todos los requisitos exigidos, se está poniendo en riesgo el acceso a la prestación del servicio público esencial de gas natural. Se pone en riesgo la vida digna de 36 millones de colombianos, la alimentación de los niños, el derecho fundamental a la salud y la atención a la población vulnerable».