Gobernadores y los alcaldes piden salvar reforma a la Ley de Garantías
Un llamado agónico hicieron la Federación Colombiana de Municipios y la Federación Nacional de Departamentos al presidente Duque para que medie ante el Congreso y se dé trámite, en lo poco que resta de esta legislatura, al proyecto de ley 193 de 2018 que reforma la Ley de Garantías, y que de esta forma se pueda aplicar de cara a las elecciones de autoridades regionales de este año, evitando que se vea frenada por más cuatro meses la contratación pública.
Dichas federaciones enviaron una misiva al Jefe del Estado, Iván Duque, y al presidente del Senado, Ernesto Macías, en la que hacen hincapié en que a pesar de que el Mandatario cumplió su promesa de darle mensaje de urgencia a esta iniciativa, no ha tenido debate.
“El Presidente de la República ha cumplido con su promesa de eliminar la Ley de Garantías, presentó el proyecto de ley, radicó mensaje de urgencia para este pero aún estamos a la espera que el Congreso de la República lo trámite para que los gobiernos locales no se vean afectados por esta ley inocua”, aseguró Gilberto Toro, director ejecutivo de la Federación Colombiana de Municipios.
Por su parte, Carlos Camargo, director ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos, aseguró que en “12 de los 48 meses de su mandato los alcaldes y gobernadores están sometidos a la Ley de Garantías, eso es una cuarta parte de su periodo y dificulta el trabajo para el beneficio social de las comunidades”.
La misiva invita al Congreso de la República a dar trámite al proyecto para que los mandatarios locales y regionales puedan potencializar los últimos meses de su gestión y llevarles progreso a sus regiones.
La iniciativa fue radicada el 1° de noviembre del año pasado por la bancada del partido Centro Democrático, no obstante no ha recibido trámite a pesar de que cuenta con ponencia para primer debate y que en marzo pasado el presidente Duque en el Congreso Nacional de Municipios En esa oportunidad, Duque Márquez expresó que “este Gobierno se sintoniza con ustedes en que no tiene sentido que, ya no existiendo la reelección presidencial, sigamos teniendo esa Ley de Garantías, y le pido a la Ministra del Interior que le dé a ese proyecto el trámite de urgencia, para que tenga ese debate en el Congreso”.
La Ley 996 (Ley de Garantías), vigente desde 2005, ordena restricciones para los entes territoriales en la contratación y la realización de convenios interadministrativos durante los cuatro meses previos a una jornada electoral.
El proyecto suprime el Artículo 33 de la Ley de Garantías, el cual establece que “durante los cuatro meses anteriores a la elección presidencial y hasta la realización de la elección en la segunda vuelta, si fuere el caso, queda prohibida la contratación directa por parte de todos los entes del Estado”.
Si bien la norma habla de que estas restricciones aplican a la elección presidencial, sus efectos han irradiado los comicios de autoridades locales, afectando la contratación de gobernaciones y alcaldías, como se vio en los comicios de 2007, 2011, 2015 y 2019, si es que en este último caso antes el Parlamento no aprueba esta reforma.
La iniciativa por términos puede ser debatida en la segunda legislatura que empieza el 20 de julio próximo, no obstante de ser aprobada entraría en vigor solo hasta los comicios presidenciales de 2022 y regionales de 2023.