Aplazada audiencia de acusación contra el exalcalde Tuto Uhía
POR EL DELITO DE PECULADO
Augusto Ramírez Uhía, exalcalde del municipio de Valledupar, fue acusado por la Fiscalía 12 Seccional de Administración Pública por el delito de peculado por apropiación y peculado a favor de terceros.
El Juzgado Primero Penal del Circuito aplazó la audiencia de formulación de acusación contra el exalcalde de Valledupar, Augusto Ramírez Uhía, el exsecretario de Hacienda Eudes Fuentes y varios particulares, acusados por la Fiscalía 12 Seccional de Administración Pública por el delito de peculado por apropiación y peculado a favor de terceros.
Estos cargos se relacionan con la suscripción, mediante escritura pública No. 3047 del 8 de noviembre de 2016, de un contrato para el recaudo del Impuesto Predial con la Sociedad Lascano Morales & Hijos, empresa que, al parecer, es propietaria de una gran extensión de tierras en el municipio y que adeudaba una millonaria suma por concepto del tributo predial.
En este caso, el alcalde Ramírez Uhía, utilizando la figura de dación en pago, entregó el recaudo de los tributos a un particular, lo cual está prohibido por la ley.
Junto a él también están siendo procesadas la ex tesorera Jhoana Natali Daza Maestre, por prevaricato por acción, y Ana Maura Lascano Guerrero, por fraude procesal en concurso con peculado por apropiación.
De esta manera, la dación en pago terminó siendo una compra de terrenos invadidos y otro lote por más de $2.500 millones a Marleny Esther Kammerer, quien debía $433 millones en impuestos.
El alcalde Ramírez Uhía habría facultado a la Sociedad Lascano Morales & Hijos para recuperar el saldo a su favor a través de la compensación del Impuesto Predial Unificado, cobrándole a terceros, dado que la administración local no tenía capacidad para cancelar los 18.000 millones de pesos.
Esta figura permitía que la firma buscara a otros deudores de impuestos para cobrarles sus obligaciones tributarias. Así, los particulares cobraban a otros contribuyentes el valor de sus obligaciones, y posteriormente la Secretaría de Hacienda entregaba el paz y salvo, dejando a la persona al día con sus impuestos, mientras que las arcas del municipio no percibían un solo peso.
La diligencia judicial fracasó por la falta de conexión de los abogados de la defensa.