¿Jurisdicción agraria o mecanismo para expropiar? Crece la polémica
Sin que aún haya comenzado de lleno el trámite de la ley ordinaria que implementa la jurisdicción agraria en el país, la misma ya ha suscitado una fuerte controversia por el real alcance de la misma, al punto que hasta el propio presidente Gustavo Petro salió a defender y contrariar a sus opositores, en especial a la derecha.
El martes tres ministros (Agricultura, Justicia e Interior) radicaron ante el Senado el proyecto de ley, con el cual aseguraron que por un lado se dará cumplimiento a otro de los compromisos del acuerdo de paz con las Farc y de otro lado se cumplirá el sueño de los más pobres de tener acceso a la tierra sin que pasen décadas de reclamos ante un juzgado a la espera de recibir un fallo que les beneficie.
El presidente Petro, desde la red social X confrontó a la senadora del Centro Democrático Paloma Valencia, quien sostuvo que el conjunto total de lo que busca el gobierno nacional es peor que el cianuro, a lo cual el jefe del Estado le respondió sosteniendo que “siempre la extrema derecha querrá mantener la injusta posesión de la tierra en Colombia. Sabe que de allí ha surgido la violencia y el narcotráfico y que esos han sido los motores del proyecto político del atraso sobre el que se cimentan”.
Incluso fue mucho más allá en su cuestionamiento a lo dicho por Valencia. “Las fuerzas del pasado no quieren que el país avance porque en el pasado es que están sus privilegios”, aseveró Petro.
La senadora opositora ha expresado, de forma insistente, que “con este proyecto se acaba la inversión en el campo colombiano, todos los que estén invirtiendo hoy van a sentir pánico, porque el proyecto, primero legaliza la invasión, usted tiene un invasor y el invasor tiene algún cultivo de pancoger ya nadie ni siquiera un juez lo va a poder sacar de la tierra”.
Considera que el proyecto crea “una especie de expropiación vía la propia jurisdicción porque dentro de los fines está la justicia y la equidad en la tenencia de la tierra y lo quieren extender a todos los negocios que tienen que ver con el agro, es decir si un supermercado le compra los campesinos va a quedar sujeto a la jurisdicción agraria”.
“La siguiente pregunta que usted se hará es y qué dicen las normas de la jurisdicción agraria, sorpresa nadie lo sabe hay que esperar a que nos manden el código que debe ser más venenoso que el cianuro”, sostuvo Valencia, quien además manifestó que la Corte Constitucional tumbó la expropiación express, pues en este proyecto viene de regreso en un principio. El que no tiene garantías o el que está con un grupo ilegal que está presionando. Yo creo que aquí nos dejan en una situación absolutamente individualista para los colombianos”.
Quien también presentó duras objeciones al proyecto de ley, fue la exministra de Agricultura de este gobierno, Cecilia López, quien expresó a Caracol Radio que hay una contradicción y muchas sombras en la Ley agraria. Para López la contradicción es que es un proyecto que busca fortalecer algo fundamental como los jueces agrarios le dan poder a la ANT. Las sombras, son para ella que tomaron párrafos de normas anteriores, “con el tema de la extensión de dominio, la norma original no hace diferencia con el tamaño de los predios, ellos incluyen una palabra “concentración”, lo cual demuestra que claramente van dirigidos a las grandes extensiones de tierras”.
CRISTO DEFIENDE PROYECTO
Quien desde el gobierno también salió a defender el proyecto fue el ministro Juan Fernando Cristo, quien declaró que “el Gobierno quiere facultar a la Agencia de Tierras para expropiar, falso. Los procesos de expropiación quedan en manos de los jueces, como bien lo dice el artículo 9 del proyecto”.
Desvirtuó también que el proyecto busca que la Agencia de Tierras defina arbitrariamente cuándo un predio es de utilidad pública, “no, toda la reforma agraria es de utilidad pública e interés general desde hace 63 años, fecha en la que, por cierto, se facultó al INCORA (luego INCODER, hoy Agencia Nacional de Tierras para hacer expropiaciones administrativas. Esto fue reiterado en 1994 por la Ley 160. El proyecto de #JurisdicciónAgraria solo reitera ese concepto de que la reforma agraria nos interesa a todos los colombianos”.
También dice que es falso decir que los procesos agrarios especiales serán competencia de la Agencia de Tierras y se les quiere facultar para expropiar. “Falso. Reitero, queda claro en el artículo 9 que es competencia de los jueces. La fase administrativa, que implica negociar el predio, hacer una oferta y realizar los estudios necesarios para comprarlo, sigue en cabeza de la Agencia. Ahí tampoco se cambia nada”.
Por último sostuvo que “el debate hasta ahora comienza. El interés del Gobierno es saldar una deuda histórica que el país tiene con las comunidades rurales de Colombia. Hacemos un llamado a dar este debate con argumentos, reconociendo el contexto y, sobre todo, sin revivir fantasmas para desviar la discusión”.