Recompensa de $20 millones por información de grupos armados
TRAS ALERTA EN SAN ALBERTO
jEn el municipio de San Alberto, autoridades realizaron un consejo de seguridad en el que se acordaron importantes acciones, en respuesta a la Alerta Temprana emitida por la Defensoría del Pueblo.
Luego de la Alerta Temprana de Inminencia (ATI) 021 de 2024, emitida por la Defensoría del Pueblo para el municipio de San Alberto, Cesar, por los riesgos de reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes por parte del Frente 33, disidente de las Farc, presentes en el territorio, autoridades locales y departamentales realizaron un consejo de seguridad para tomar acciones y responder a las recomendaciones realizadas por la entidad.
En tal sentido, se acordó una recompensa de hasta 20 millones de pesos, por información de presencia de grupos armados al margen de la ley en el municipio de San Alberto; el refuerzo de la seguridad con 30 policías adicionales para Comando Situacional y el. fortalecimiento de pelotones del Batallón Santander y Batallón Ricauter, en área rural del municipio, informó Eduardo Esquivel, secretario de Gobierno del Cesar.
De igual manera, se acordó el despliegue de planes de seguridad entre los Departamentos Norte de Santander, Santander y Cesar, como una manera de blindar los accesos de estas organizaciones que pretenden interrumpir la tranquilidad en el municipio.
Esquivel aseguró que se trabajará de la mano con el alcalde del municipio, Edgar Ricardo Díaz, para brindar tranquilidad a la ciudadanía.
Como se recordará, la Defensoría del Pueblo alerto que las disidencias buscan expandirse desde la subregión Catatumbo hasta la zona alta del municipio de San Alberto en el Cesar y La Esperanza (Norte de Santander).
La ATI, igualmente, fue emitida por la entidad porque los bloques Gentil Duarte y Jorge Suárez Briceño y el Frente Raúl Reyes, también de las disidencias de las Farc, podrían afectar con su accionar criminal los derechos a la vida, integridad, libertad y seguridad de las personas que también habitan en la parte superior de los dos municipios: en el corregimiento Planes, de La Esperanza, y los corregimientos Trinidad y Fundación, de San Alberto.
El objetivo es mitigar, prevenir y salvaguardar los derechos fundamentales de la población civil, que una vez más padece los efectos del conflicto armado. Es preciso impulsar acciones reales de prevención, protección y atención integral, a fin de que no sean materializadas las conductas vulneradoras de derechos por delitos como homicidios, extorsiones, secuestros, desplazamientos forzados, instalación de minas antipersonal, confinamientos, desapariciones, hurtos y uso, utilización y reclutamiento forzado de NNA.