Orden de arresto a gerente de Afinia no está en firme
Luego de conocerse la decisión del Juzgado Sexto Penal Municipal con Función de Conocimiento de Valledupar, de sancionar con cinco de arresto y cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes, al representante legal de Afinia y/o Caribemar, Jhon Jairo Granada Giraldo, la empresa aclaró a través de un comunicado, que la decisión no se encuentra en firme dado que está pendiente para responder de fondo con sus recursos.
“Se trata de un derecho de petición presentado por la contralora de Valledupar, Angélica Olarte Becerra, originado en marzo del presente año, en el que solicitó información sobre el suministro de energía y la recaudación del impuesto de alumbrado público”, se lee en el comunicado.
Un juez administrativo en Cartagena, Bolívar, resolvió un recurso de insistencia indicando que solo CaribeMar de la Costa S.A.S E.S.P. debía brindar respuesta a la información relacionada a alumbrado público, siendo la demás reservada.
“En cuanto al desacato, la empresa se encuentra a la espera que se pronuncie el juez de la consulta”.
– Por esa misma petición jueces de otros municipios de la región Caribe donde opera la empresa, que se habrían unido a la petición inicial, han dado por terminado al trámite de la tutela por la respuesta brindada por CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., excepto el juez de Valledupar quien reconoció los derechos de petición a Angélica Olarte Becerra como ciudadana y no en calidad de Contralora.
La empresa con responsabilidad y compromiso con la transparencia ha dado respuesta a cada requerimiento judicial en los tiempos y oportunidades procesal pertinentes, asegurándose de cumplir con rigor los parámetros legales establecidos para garantizar la legalidad en todas sus acciones.
El caso tiene como origen un derecho de petición presentado por la Contralora de Valledupar, Angelica Olarte, a Afinia para conocer datos relacionados con el suministro de energía domiciliaria y la recaudación del impuesto de alumbrado público, violando la Ley Anticorrupción 1474/11 y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 1712 de 2014.
Esta información es clave en aras de determinar posibles actos de ilegalidad o que afecten el patrimonio público, con el objetivo de emprender las acciones administrativas y judiciales a que haya lugar.
El proceso que adelanta la contralora se da de acuerdo a las abundantes quejas e inconformismo presentados por la ciudadanía; sin embargo, Afinia tomó la decisión de no suministrar la información por lo que la titular del órgano de control decidió proceder ante el Juzgado Sexto Penal de Valledupar con una acción de tutela.