Nuestra realidad económica en las últimas semanas ha estado convulsionada. Hemos visto un sinnúmero de noticias que generan preocupación y desconcierto, tal y como ocurre con la noticia de la recesión que tuvimos el año pasado teniendo en cuenta que se presentó una caída en el PIB durante el segundo y tercer trimestre del año.
En cuanto a las cifras a marzo de 2024, el dato de este último resultó sumamente alarmante puesto que según el Dane, la contracción que se presentó alcanzó 1,5%. Otro fuerte golpe que recibió el entorno económico, se dio por el lado de la disponibilidad de caja con la que cuenta el Gobierno, la cual según informes, en este momento se encuentra en su nivel más bajo de los últimos 20 años con un saldo a 10 de mayo cercano a los $4 billones.
Lo anterior obedece, entre otras razones, al muy bajo recaudo tributario que se ha venido dando a lo largo del año, a marzo hemos visto que el mismo está por debajo de las metas planteadas y, si se mira en valores reales, decrece frente al año pasado. Esto se debe principalmente a la recesión en la que se encuentra sumido en sector privado y a la caída en el consumo que se ve reflejada inmediatamente en la disminución en el recaudo.
Al respecto, todos los analistas han venido manifestando su gran preocupación por el incremento desmesurado del gasto público, recordemos que el Presupuesto General de la Nación aumentó entre 2023 y 2024 cerca de 19% y que en los cálculos del Gobierno, se preveía un incremento igual en el recaudo, con un aumento de cerca de $50 billones.
Esto es insostenible si se tiene en cuenta que nuestra economía creció un pírrico 0,7%. Es por esto que desde todos las orillas se ha venido solicitando austeridad en el gasto, lo que implica congelar y recortar el presupuesto.
A eso se le llama democracia, y respeto al principio de separación de poderes
Igualmente, se debe formular a la mayor brevedad una política de reactivación económica, basada en recuperar la confianza del sector privado, que vuelva a atraer la inversión que ha sufrido caídas exorbitantes en los últimos meses.
Para colmo de males, cuando se le pide a gritos al Gobierno Nacional reducir el gasto público, el Presidente en su discurso populista, anunció que con cargo al presupuesto se asumirá directamente el costo de la opción tarifaria en el sector eléctrico, que no es otra cosa que pagar el incremento en las facturas de los ciudadanos, el cual fue diferido en el tiempo, para aliviar la canasta de los colombianos durante la pandemia.
Lo único que se le olvidó al Presidente, es que para poder asumir esa deuda, tiene que ser aprobada por el Congreso mediante una ley, recordemos que no existe gasto que puede hacer el Estado sin que medie su autorización. A eso se le llama democracia, y respeto al principio de separación de poderes.
Esto sin contar que estaría subsidiando a las personas de mayores recursos, estratos 5 y 6, con lo cual beneficiaría a personas que no lo necesitan, negando recursos a quienes más lo requieren. Se reitera, el Gobierno no cuenta con los recursos para asumir este pago.
Estamos nuevamente ante una falsa promesa, ante un discurso sin sustento técnico, mediante el cual el Presidente pretende conseguir el respaldo del pueblo, al cual no le va a cumplir y en consecuencia le va a generar una mayor indignación. No se puede seguir creyendo que los ciudadanos son ingenuos, así como tampoco, se puede seguir pasando por encima del Congreso.
Es hora de que el Gobierno asuma con responsabilidad el manejo del presupuesto, que sincere la realidad fiscal del país, que tenga respeto por las finanzas públicas y que reduzca el gasto público. No más anuncios de gasto que no tienen fuente de financiación. El Ministerio de Hacienda y la Dian tienen la obligación de decirle al país qué está pasando con el recaudo, a qué se están destinando los recursos, qué gastos se van a congelar o recortar, así como también es de vital importancia que el Presidente deje de anunciar nuevos gastos que no puede sufragar. Definitivamente, el mundo al revés.
*Ex viceministro de Hacienda