Hace un par de semanas señalé en estas notas que la intención del Gobierno no era otra que convocar un proceso constituyente, pero por un camino distinto al previsto en el artículo 376 de la Constitución Nacional, o sea, dictando un decreto de emergencia. Petro, desde su primera intervención en Cali hace un mes y luego en Córdoba, a propósito de las convocatorias a las universidades para que se formen asambleas estudiantiles y profeso
Pero la tapa fue la entrevista con José Manuel Acevedo para RCN. Si pudiera quedar alguna duda, esta quedó definitivamente resuelta. Entre las perlas de la entrevista destaco las más relevantes: “El poder constituyente no se convoca, es el pueblo el que se convoca él mismo para decidir sobre aspectos fundamentales” y “yo pienso que el poder constituyente ya arrancó”. Y la mejor: “Yo invito a que se miren menos las formas que el contenido”. A cada pregunta sobre la Constitución hizo una habilidosa finta. Finalizó advirtiendo que el pueblo debe saber que “ha llegado a un nudo gordiano y es necesaria su intervención para que el país cambie”.
A mi modo de ver, no queda sino el camino de una convocatoria por decreto de emergencia o de conmoción interior a una asamblea constituyente que recoja el “sentir del pueblo”. Una constituyente al estilo de Maduro, cuyo objetivo principal será la permanencia de Petro en el poder.
El proceso constituyente tendrá su momento fulgurante cuando coincida, a mediados del próximo año, con aquel de la ‘paz total’ y en particular con el acuerdo que se pretende firmar con el Eln, recogiendo todas las aspiraciones de esta organización en cuanto al nuevo orden político del país, el nuevo modelo económico y el programa de sostenibilidad. Mejor dicho, que por la vía de este proceso constituyente se incorporen a nuestra nueva Constitución todas las pretensiones de esta guerrilla.
Alrededor del proceso constituyente veremos actuar ya no solo a los grupos de campesinos, pescadores, trabajadores y estudiantes, sino muy especialmente a los frentes populares, a los cabildos abiertos, a las juntas de acción comunal y, por supuesto, a las guardias indígenas y campesinas. Todos debidamente financiados con el propio presupuesto nacional, a través del DNP y el de Prosperidad Social, y la Unidad de Gestión del Riesgo, todas presididas por los más aguerridos activistas. También llegarán los recursos de la salud y, ojo, los de las pensiones y, quién duda, también de Ecopetrol, como ocurrió en Venezuela.
Y por fuera de la legalidad también estarán convocadas a impulsar este el ‘clan del Golfo’, ‘Marquetalia’, las disidencias de ‘Mordisco’, las de la Sierra Nevada, la primera línea y cuanto delincuente o narcotraficante quiera aportar su grano de arena a este proceso revolucionario. Tienen todo por ganar.
El próximo 24 de mayo se va a discutir con el Eln la metodología de la participación de la sociedad en el proceso, porque, como se ha aceptado por las partes, el que manda es el pueblo. A través de esta tendremos en los próximos meses miles de encuentros en todo el país que servirán para promover un ambiente de agitación total o prerrevolucionario, dirán algunos. A este coctel se estarán sumando las redes de distribución de microtráfico con presencia en 854 municipios, de los cuales ejercen control directo o indirecto en más de 420, con apoyo de las organizaciones que en paralelo negocian la ‘paz total’ con Petro.
Es imposible hacer los cambios que necesita Colombia en tan solo 4 años, y más cuando el Congreso no lo ha permitido. Lo anterior lo repiten Petro y Francia, al igual que se preguntan: ¿y por qué vamos a irnos, si Uribe y Santos se quedaron 8 años cada uno y el cambio hasta ahora está comenzando? ¿Por qué será que no somos capaces de advertir esta amenaza? ¿Alguien, hoy, de verdad piensa que llegaremos a elecciones con este gobierno resignado y pendiente de ver a quién le entrega el poder? Yo no.