Carlos Carrillo, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), declaró insubsistente a Ana María Castaño, hasta hoy secretaria general de la entidad y publicó en su cuenta de X el documento oficial.
La determinación ha generado controversia debido a las circunstancias personales de la funcionaria, quien se encuentra en estado de embarazo de alto riesgo.
La declaración de insubsistencia fue anunciada por Carrillo a través de sus redes sociales, donde expresó su preocupación por el presunto obstáculo que Castaño representaba para el funcionamiento adecuado de la UNGRD: «No permitiré que la número dos de Olmedo López siga torpedeando la entidad», afirmó Carrillo.
Castaño Álvarez, abogada de profesión con una trayectoria destacada en el ámbito jurídico y administrativo, manifestó su descontento con la decisión, argumentando que se le solicitó la renuncia sin tener en cuenta su estado de embarazo de alto riesgo. Esta situación ha desatado un debate sobre los límites éticos y legales en la gestión de recursos humanos en entidades públicas, especialmente en casos sensibles como el de una trabajadora embarazada.
El conflicto entre Carrillo y Castaño se intensificó tras el escándalo relacionado con la adquisición de 80 carrotanques para el suministro de agua en La Guajira, que carecían de la póliza necesaria para su circulación. Esta situación provocó la renuncia de Olmedo López, antecesor de Carrillo, y marcó el inicio de una serie de cambios en la dirección de la UNGRD.
A pesar de la defensa de Carrillo en su lucha contra la corrupción y su compromiso por mantener la entidad en funcionamiento óptimo, la decisión de declarar insubsistente a Castaño ha generado interrogantes sobre la manera en que se manejan situaciones delicadas en el ámbito laboral, especialmente cuando se trata de empleadas en condiciones especiales como el embarazo de alto riesgo.
El presidente Petro expresó su respaldo a Carrillo en este proceso, destacando la importancia de combatir la corrupción en todas las esferas del sector público. Sin embargo, diversos sectores han llamado la atención sobre la necesidad de garantizar el respeto a los derechos laborales y la protección de las trabajadoras en situación de vulnerabilidad, como es el caso de Castaño.