Cada 55 horas matan a un miembro de la población LGBTIQ+ en Colombia

Entre el primero de enero y el 31 de diciembre de 2023, cada 55,95 horas —es decir, cada 2,3 días, más o menos— mataron a una persona con identidad, expresión de género u orientación sexual diversa, lo que dio un total de 156 homicidios de personas LGBTIQ+.

El dato significa un incremento del 7,59% en comparación con los 145 casos que se registraron en 2022. Así lo revela el informe ‘Incontables: Sin registro no hay memoria’, de la organización Caribe Afirmativo, una oenegé especializada en los derechos humanos de las personas LGBTIQ+.

Wilson Castañeda, director de Caribe Afirmativo, le explicó a Colprensa que la corporación optó por ese título porque encontró que “las bases de datos del Estado están siendo muy suficientes” para documentar correctamente la violencia contra la población LGBTIQ+.

La conclusión llega por al menos tres motivos: la ausencia de un lenguaje asertivo para recoger ese tipo de violencias, la falta de avances en las bases de datos pese a los compromisos de entidades como la Fiscalía o la Defensoría del Pueblo y la ausencia de un sistema de información claro.

“A pesar de que llevamos muchos años documentando violencia contra personas LGBTIQ+, la mayor fuente sigue siendo la sociedad civil, porque, más allá de que haya compromisos del Estado, hoy por hoy no tenemos un sistema de información que dé cuenta de esa violencia”, explica Castañeda.

La ausencia de información certera, añade el doctor en Filosofía, impide que el Gobierno nacional y las autoridades territoriales tomen decisiones sobre políticas públicas y acciones preventivas contra las agresiones que afectan a la población son identidades, expresiones u orientaciones diversas.

De las 156 víctimas de homicidios y feminicidios documentadas en el informe, 46 eran personas con experiencias de vida trans —específicamente, 41 eran mujeres trans—, 46 fueron hombres gais, 31 fueron hombres bisexuales, doce fueron mujeres lesbianas y veinte no fueron identificadas.

La no identificación en la justicia es un punto clave de ‘Incontables’. El informe revela que la Fiscalía General de la Nación “registra discordancias” en su información, lo que limita “la posibilidad real y efectiva” de conocer las orientaciones sexuales e identidades de género de las víctimas.

Por ejemplo, el ente investigador incluyó de forma genérica a labores como peluqueros o estilistas entre las víctimas LGBTIQ+ sin especificar detalles sobre por qué consideraba que tenían orientaciones sexuales o identidades de género diversas.

Además, entre sus registros incluyen personas con identidades de género en blanco o con la etiqueta, de nuevo genérica, “LGBTI” sin aportar más detalles que, incluso, en ciertas circunstancias podrían relacionarse con la propia causa de varios crímenes.

El informe acotó que otras instituciones, como Medicina Legal, aún utilizan variables binarias para clasificar a las personas examinadas, como “masculino” y “femenino”, incluyendo a la categoría “transgénero”, lo que limita “la posibilidad de explorar la identidad de género de las víctimas”.

“En otros casos, clasificaban a las personas como LGBTIQ+ sin conocer la identidad de género y la orientación sexual. Esto resalta la dificultad de obtener información sobre personas no binarias, queer y disidentes sexuales”, afirmó Caribe Afirmativo.

Para Wilson Castañeda, es importante que las entidades estatales puedan abrirse más a la clasificación de las distintas identidades que se recogen en las categorías de LGBTI-OSIGEG diversas, debido a que “hay un espectro de la población que es más vulnerable a la violencia”.

Específicamente, las personas con experiencia de vida trans —sobre todo, las mujeres trans— y no binarias están más expuestas a la violencia. Pero la manera de organizar la información en bases oficiales “muchas veces no llega a esa pregunta específica”, añade el politólogo.

“El uso adecuado de las categorías nos va a permitir no invisibilizar ni revictimizar”, complementa Castañeda, sobre todo porque las autoridades podrían examinar mejor las circunstancias de víctimas de varios tipos de violencia a la vez, como, por ejemplo, trans víctimas del conflicto armado.

El informe tiene un capítulo titulado ‘La Policía no me cuida’. En él se contempla que en 2023 hubo 155 personas sexo-género disidentes víctimas de violencia policial, lo que representa un incremento del 49,03% frente a las 104 víctimas reportadas en 2022.

Castañeda expresó que hay tres conductas de la Fuerza Pública que le preocupan a la organización. La primera, las golpizas, “cuerpos policiales que llegan al espacio público donde hay personas trans y propinan golpizas con sus armas de dotación, dejando malheridas a las personas”.

“En segundo lugar, hemos encontrado detenciones arbitrarias”, que son hechos en los que los uniformados privan de su libertad a personas LGBTIQ+ “por el solo hecho de ocupar el espacio público”. Y en tercer lugar, tratos crueles, inhumanos y degradantes posteriores a las detenciones.

Tales actos, de acuerdo con el informe, van desde insultos hasta tocamientos e insinuaciones sexuales en las que no se tiene en cuenta el consentimiento de las personas arrestadas. En el caso de las golpizas, los agentes parecen priorizar zonas como senos y caderas. /Colprensa.