Después de que el expresidente Álvaro Uribe Vélez terminara siendo nombrado por el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, como una de las figuras públicas que tenían conocimiento de las atrocidades que realizó las Autodefensas Unidas de Colombia y de qué manera incidían en las decisiones políticas en algunas regiones del país, el partido Centro Democrático se pronunció en las últimas horas al respecto.
“Expresamos nuestra profunda preocupación por el alarmante plan contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, que implica graves amenazas a sus derechos. Demandamos a organismos internacionales medidas cautelares para su protección”, señaló la colectividad al inicio de un extenso documento titulado: Carta abierta a los colombianos y a la comunidad internacional.
Según explicó el partido que lidera el exmandatario, buscan denunciar ante la opinión pública y organismos internacionales que con el regreso de Mancuso a Colombia y su ingreso a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) iniciarán una casería de brujas en su contra.
Además, consideran que el alto tribunal se ha dedicado únicamente a escuchar la versión del exparamilitar “sin apenas contrastar las mentiras y contradicciones en las que ha incurrido a lo largo de sus audiencias y versiones entregadas a esa justicia, y las realizadas también ante Justicia y Paz”.
Por lo que no creen que la sala plena deba dar prevalecía al testimonio sobre las “pruebas” presentadas en repetidas ocasiones por Uribe y su defensa las veces que han buscado relacionarlo con eventos importantes del conflicto interno armado del país; y mucho menos por cuenta del largo listado de delitos de lesa humanidad a manos de Mancuso, y sus cuentas aún pendientes con la justicia.
“Llega al país con un prontuario de muerte a sus espaldas que incluye tres condenas, más de 50 mil hechos criminales, 50 investigaciones abiertas y 56 órdenes de captura. Mancuso sembró el terror en diferentes regiones del país con masacres como la de Mapiripán en el Meta con 75 víctimas, la de El Salado en Sucre que dejó 60 personas asesinadas, la de La Gabarra en Norte de Santander con 123 víctimas mortales, la de Pichilín en Sucre con 11 víctimas o la del Tomate en Córdoba con 15 campesinos y un niño de 2 años asesinados, entre muchas más”, detalló el Centro Democrático en su documento.
El 13 de mayo de 2008, Mancuso fue extraditado a Estados Unidos en compañía de otras 12 cabecillas más de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), mientras el país era presidido por Álvaro Uribe Vélez, después de que las autoridades colombianas encontraran que habría violados sus acuerdos ante la Ley de Justicia y Paz, porque continuó delinquiendo desde la cárcel de Máxima Seguridad de Itagüí.