El presidente del Colegio Electoral Colombiano, Hollman Ibáñez, reveló las posibles consecuencias de no reportar pagos a testigos electorales durante la segunda vuelta de la Campaña ‘Petro Presidente’.
Y es que la investigación por la presunta financiación irregular de la campaña ‘Petro presidente 2022’ que se inició por varias denuncias relacionadas con gastos que no habrían sido reportados e ingresos de dineros ilegales, sigue avanzando en el Consejo Nacional Electoral (CNE).
El nuevo episodio en el proceso está relacionado con una de las empresas financieras que realizó las transacciones de pago a más de 60 mil testigos electorales en todo el país para la segunda vuelta presidencial, que se realizó el 19 de junio de 2022.
En primer lugar, Ibáñez enfatizó la distinción entre las responsabilidades administrativas y penales en este asunto, así como las posibles implicaciones para los implicados.
«Digamos que tiene que establecer el Consejo Electoral, es si, definitivamente hubo violación de topes y financiación con fuentes prohibidas. Regularmente confundimos, por su situación, la administrativa que sucede en el Consejo electoral colombiano, y lo que sucede en la justicia penal. Son dos cosas distintas, la consecuencia, digamos, de que el Consejo electoral encuentre que se violaron los topes, que no se reportaron esos pagos, las donaciones o los aportes a la campaña, será solamente de tipo administrativo, tendrá allí una consecuencia como multas», empezó diciendo Ibáñez.
En ese sentido, explicó que en el caso de la justicia penal, «tendrá que encontrar si hay fraudes procesales, por ejemplo, si se violaron los topes además del fraude procesal. Y si definitivamente hay financiación con puertas prohibidas, las consecuencias son entonces para el gerente de la campaña que tendrás que responder penalmente y así como los tesoreros, todos aquellos contadores y revisores de que hayan tenido que responsabilidad frente al Consejo electoral en lo que aportes y reportes se refiere».
Asimismo, el presidente del Colegio Electoral Colombiano consideró «que al presidente de la República le cae una responsabilidad de tipo ética. Luego, la comisión de acusaciones tendrá que tramitar una queja disciplinaria para que lo quede indigno, no y responda en un juicio político ante el Senado de la República»
Según Ibáñez, el Consejo Electoral podría imponer multas y prohibiciones para el partido político involucrado en caso de violaciones a los topes de financiamiento y la falta de reporte de pagos. Estas sanciones serían de naturaleza administrativa. Sin embargo, las implicaciones penales podrían ser más graves, con posibles cargos para el gerente de campaña, tesoreros y otros responsables contables.
Estas declaraciones de Ibáñez destacan la importancia de investigar y sancionar adecuadamente cualquier irregularidad en el financiamiento de campañas políticas, subrayando la necesidad de transparencia y cumplimiento de la normativa electoral.