´Hubo una desmedida inseguridad´
En el imponente edificio Alfonso Reyes Echandía, el Palacio de Justicia, se escuchan arengas, gritos y vuvuzelas. No porque en medio de la serenidad de sus pasillos haya algún tipo de manifestación ruidosa, sino porque fuera de ellos, en las calles, la gente respondió a un llamado enérgico, atizado por el Gobierno, Fecode, el Sena y varios sindicatos, a protestar.
Lo que es cierto es que ha habido un panorama violento. Por ello, el general William Salamanca, el director de la Policía Nacional, acudió al lugar para conocer de primera mano qué ocurre. El general adelanta una reunión con el presidente de la Corte Suprema, el magistrado Gerson Chaverra, para conocer de la seguridad de la magistratura y del resto de empleados del Tribunal, quienes, al igual que periodistas, no han podido salir del edificio.
Si hay una situación “desmedida” de inseguridad, dijo Salamanca, “tenemos que actuar”. De acuerdo con lo que indicó, fue la Policía la que dispuso la seguridad del entorno, incluyendo a los agentes antidisturbios que podrían intervenir en caso de cualquier alteración del orden público en la que los comités de diálogo no puedan intervenir de forma adecuada.
Ante las arengas, la seguridad del Palacio de Justicia, encabezada por la Policía Nacional, ordenó cerrar las entradas. El resultado es que en más de tres horas ningún funcionario de las altas cortes ha podido dejar las instalaciones. Algunos reportes preliminares indican que quienes han intentado salir han sido agredidos por manifestantes.
Las versiones de acometidas varían según los medios de prensa o las fuentes. Aseguran que la afectada fue una funcionaría de la Procuraduría General de la Nación, pudo ser un magistrado de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia o el expresidente del Consejo Superior de la Judicatura Aurelio Enrique Rodríguez Guzmán, quién, según lo que desde la seguridad del Palacio le contaron a Colprensa, fue reingresado al edificio de forma intempestiva después de “coscorrones’.
La aglomeración era fuertemente vigilada por al menos cuatro organismos: la Policía Nacional, gestores de convivencia de la Alcaldía y del Ministerio del Interior, la Guardia Campesina y la seguridad del Palacio. En el sótano del edificio hecho con caliza, la zona del estacionamiento, al menos una docena de agentes antimotines aguardaban por cualquier eventual alteración del orden.
Pues era orden lo que se respiraba al interior del recinto en el que funciona la que la academia llama “la majestad de la justicia”. En el tercer piso, las puertas cerradas del salón que aposentó a veintitrés magistrados y magistradas fueron un filtro casi perfecto para que la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia escuchara a Francisco Barbosa, no a la multitud opositora.
El saliente fiscal general estaba ofreciendo una rendición de cuentas al Tribunal que hace cuatro años lo escogió como director del ente acusador luego de una terna enviada por el entonces presidente, Iván Duque. Los resultados que expuso de su gestión fueron entregados a la opinión pública dos días antes, en un evento adulador hacia su labor, en el que señaló que “la gente está agradecida” con el órgano penal.
Tras el corte discreto de cuentas, su salida, pasadas las diez de la mañana, también fue secreta. En realidad, lo más probable es que la mayoría de quienes sostenían megáfonos o pitos no supieran que el funcionario y su esquema de seguridad entraron y salieron del templo detrás del cual lanzaban sendas proclamas contra la impunidad y contra la Corte.
La misma Corte a la que le decían “perezosa, perezosa, perezosa”. En uno de los rótulos se leía “Corte perezosa, cómplice de Barbosa”. En algún momento de la mañana, ese cartel estuvo cerca del dispositivo de seguridad de la Policía. Tan cerca que tuvieron que interceder los gestores de diálogo y aun la Guardia. Los ánimos se hacían ascuas. El Palacio tuvo que cercarse por completo.