Procuraduría prepara pliego de cargos contra el canciller Álvaro Leyva
Y las respuestas contradictorias a dos derechos de petición idénticos.
Una fuente cercana a la Procuraduría General me dijo anoche que el Ministerio Público ha encontrado razones suficientes para formular pliego de cargos contra el señor canciller Álvaro Leyva Durán y el secretario general del Ministerio de Relaciones Exteriores José Antonio Salazar Ramírez.
La razón es el manejo que le han dado a la polémica licitación para la fabricación de los pasaportes.
Como ustedes recordarán, el canciller Leyva decidió declarar desierta la licitación cuando ya había sido evaluada y la unión temporal de la que hace parte Thomas Greg and Sons, el actual y polémico contratista, había obtenido 1.000 puntos de 1.000 posibles.
El presidente Petro ha dicho que la licitación no fue transparente y que buscaba favorecer a Thomas Greg and Sons. Esa empresa, por su parte, citó a una diligencia de conciliación a la Cancillería, como requisito antes de presentar una demanda por 120.000 millones de pesos.
El comité de conciliación del Ministerio y la entonces directora de la Agencia Jurídica de Defensa del Estado, recomendaron conciliar.
Y aquí empezaron los problemas:
El canciller Leyva gritó y trató de manera irrespetuosa y descomedida a la doctora Martha Lucía Zamora, directora de la Agencia Jurídica del Estado. Todo ocurrió en la Casa de Nariño.
Cuando el incidente se conoció, el presidente Gustavo Petro estaba en Dubai con el canciller Leyva, desde allí anunció su respaldo al ministro y ese mismo día el gobierno le pidió la renuncia a Martha Lucía Zamora.
Se supo que el director de asuntos jurídicos internacionales de la Cancillería, Juan Carlos Losada Perdomo, años antes cuando era fiscal había decidido a favor de Álvaro Leyva en un proceso por calumnia; y que tiene amistad con su hijo Jorge Leyva.
La doctora Martha Lucía Zamora dijo aquí en la W que había sido informada de una reunión en París en la que habrían participado el funcionario Juan Carlos Losada Perdomo, el hijo del canciller Jorge Leyva y personas interesadas en la licitación de los pasaportes.
Juan Carlos Losada Perdomo envió a los medios un comunicado explicando esas reuniones en París. Sin embargo la metadata del documento indica que el verdadero autor es Jorge Leyva.
Con todas estas y otras inquietudes hice una columna con 30 preguntas al canciller, sin ninguna esperanza de que las respondiera.
Sin embargo dos personas le remitieron esos interrogantes al canciller Leyva como derechos de petición.
Son ellos el profesor universitario y columnista de la Revista Cambio, Luis Alberto Arango y la representante a la Cámara Jennifer Pedraza.
Al doctor Arango le respondió el 10 de enero, Andrés Mauricio Hernández, que es el asesor legislativo de la Cancillería es decir un encargado de las relaciones con el Congreso. En la respuesta le dice que no puede responder aún y que prorrogará el término del derecho de petición.
Es decir las respuesta que entregó en un lado, las negó en el otro, diciendo que aún no estaban listas.
La Procuraduría tampoco encontró satisfactorias las respuestas del ministro Leyva. Como les decíamos al comienzo, según una alta fuente del ministerio público, le formularán pliego de cargos al canciller Leyva y al secretario general del ministerio.
En el Reporte Coronell, justamente para hablar sobre ese derecho de petición, se conversó con la representante a la Cámara Jennifer Pedraza.
“Varias de las respuestas del derecho de petición señalan que el canciller no está en la disposición de presentar la información solicitada”, dijo en un comienzo.
Así mismo, mencionó que “la segunda idea es que queda suficientemente claro la responsabilidad del canciller Leyva en el desarrollo de la licitación” de pasaportes.
“El canciller responde que la apertura de la licitación se dio mientras el ya era ministro de Relaciones Exteriores, bajo su responsabilidad”.
Así mismo, la representante Pedraza se refirió al tema del hijo del canciller.
Por otro lado, dijo que “en el derecho de petición que se refiere, sostiene que no le importa si lo condenan por defender al Estado”.
“La segunda respuesta es que él sostiene que por su edad no va a estar vivo cuando vaya a haber una notificación final”.