Traslado de ‘Satanás’ a La Tramacúa siembra temor en Valledupar

José Manuel Vera, alias ‘Satanás’, fue internado desde el domingo en la Penitenciaría de Alta y Mediana Seguridad de Valledupar, conocida como ‘La Tramacúa’, tras ser trasladado desde la cárcel de Girón, Santander, bajo un fuerte operativo de seguridad.

Este hombre, estando recluido en la cárcel de Girón, empezó a amenazar a policías y comerciantes de Bogotá, vía Whatsapp, por lo que de inmediato fue trasladado y desde el aeropuerto de Palonegro, llegó al Alfonso López de Valledupar para ingresar a la prisión de máxima seguridad, bajo un estricto esquema de seguridad desplegado por el INPEC, la Policía y Ejército Nacional.

Por este motivo, en el municipio de Valledupar reina la incertidumbre y el miedo ante las posibles acciones delictivas de este sujeto en el municipio. “Como primera autoridad municipal no fui notificado de este traslado, nos sorprendió la noticia y aunque el Inpec a nivel nacional aseguró que no debían consultarlo por su autonomía, la situación es de extrema preocupación”, dijo el Ernesto Orozco, alcalde de Valledupar.

“Hemos hecho un trabajo arduo por mejorar la seguridad de la ciudad desde que llegamos al cargo, pero si se nos viene una estructura criminal como esta (Tren de Aragua) será un duro golpe para la ciudad”, resaltó Orozco Durán, quien solicitó apoyo al gobierno liderado por el presidente Gustavo Petro, al director de la Policía Nacional, general Guillermo Salamanca Ramírez, así como a las directivas del Inpec para socializar este tipo de decisiones con la administración municipal.

Orozco advirtió que hoy existe un hacinamiento en la Cárcel Judicial de Valledupar que cuenta con capacidad para 256 internos y tiene 576 en el momento, mientras que la Estación Permanente alberga un 800 % de sobrecupo. También advirtió la poca capacidad de pie de fuerza que hay en la ciudad para velar por la seguridad de los habitantes.

Sobre resultados en sus primeros días de trabajo en el Plan de Seguridad para los 100 días de gobierno, el Alcalde de Valledupar, en conjunto a la Policía Nacional, han trabajado en la captura de 25 personas por distintos delitos: se recuperaron 13 vehículos: tres armas de fuego sin permiso, 11 armas traumáticas; e impuesto 143 comparendos.

Agregó que en la actualidad Valledupar cuenta con 400 policías para más de 500 mil habitantes, por lo que es necesario el aumento de pie de fuerza para brindar garantías de seguridad a la ciudadanía.

Por su parte, la gobernadora del Cesar, Elvia Milena Sanjuán, manifestó: “El Cesar no debe seguir como un comodín del sistema carcelario de Colombia. Al enviar a Valledupar a alias Satanás nos están condenando a que otros delincuentes de El Tren de Aragua vengan a la ciudad con su accionar delictivo”.

Eduardo Esquivel, secretario de Gobierno Departamental, anunció que desde el gobierno del Cesar se expresará a los ministerios de Defensa y del Interior, con notificación al Inpec, este rechazo ya que “nos encontramos adelantando una estrategia de seguridad para recuperar zonas donde hay personas del Clan del Golfo y delincuentes dedicados al microtráfico, y la respuesta que nos dan es mandando un delincuente, y por ello haremos una nota de rechazo para pedir sea trasladado alias Satanás del departamento”.

A través de su cuenta en X, el senador de la República, Didier Lobo, manifestó: “Rechazo y pido se revoque el traslado a Valledupar del criminal venezolano ‘Satanás’ porque sabemos que significa el desplazamiento de su terrible organización y sus secuaces que sembrarán zozobra y violencia, como ocurrió en Bogotá y otras ciudades. ¡Aunaremos esfuerzos!”.

¿QUIÉN ES SATANÁS?

José Manuel Vera Sulbarán, a sus 33 años de edad, tiene un enorme prontuario judicial y ha estado en el radar de varios países como Perú y Chile,  donde había logrado escabullirse de la justicia.

Fue capturado el 1 de noviembre en el sur de Ecuador, donde se movió por tres provincias; lidera la banda criminal autodenominada ‘Tren de Aragua’, proveniente de Venezuela. Colombia lo estaba buscando por una serie de delitos, entre ellos masacres, extorsiones. Era el terror de los pequeños negocios por el cobro de extorsiones.

Se le vincula a 18 asesinatos en Colombia y se dice que sería el responsable de los ataques con granadas a los moteles de Bogotá.

En julio del 2019, fue detenido en Perú por su presunta participación en el crimen de un funcionario de la policía en Lima, además se lo vinculó al secuestró de una familia en su propia casa para robar.

Allá en Perú fue donde se lo empezó a identificar como Satanás, debido a que era considerado uno de los más sanguinarios del Tren de Aragua.

En Chile fue capturado en marzo de 2022 y fue trasladado desde la cárcel de Alto Hospicio a la Región Metropolitana. Fue encausado por asociación ilícita, secuestro extorsivo, robo con intimidación, secuestro con homicidio, usurpación de identidad, tenencia ilegal de arma de fuego, tenencia ilegal de municiones y trata de personas con fines de explotación sexual.

AISLADO, CON CÁMARAS Y REQUISAS DIARIAS

El coronel Daniel Gutiérrez, director del Inpec, informó que ‘Satanás’ se encuentra aislado y tendrá vigilancia las 24 horas del día, a través cámaras escondidas. “Queremos anunciar que para la operación Dominó había 30 dinamizadores y hoy tenemos 40, incluyendo a ‘Satanás’, y teníamos siete establecimientos y hoy tenemos ocho, incluyendo ‘La Tramacúa’ de Valledupar”, dijo en rueda de prensa.

Explicó además que se tomarán medidas de control para evitar que siga extorsionando desde las cárceles, como requisas diarias por parte del Inpec y requisas cada semana o cada 15 días por parte del personal del Gaula.

“Si hay que trasladarlo cada 8 días lo haremos, pero ningún delincuente, ni ningún Satanás, ni ningún diablo va a obligar a las instituciones del Estado, tenemos toda la contundencia. Seguramente van a aumentar las amenazas en contra de los penitenciarios, hoy tenemos 229, pero tenemos toda la voluntad para que esto no siga pasando”, agregó el coronel.

Señaló que harán una propuesta el Ministerio de Justicia y al Congreso de la República para modificar algunos artículos de la Ley 599 y la Ley 65 donde se permite el uso de teléfonos públicos a los reclusos. “Este uso de llamadas es muy abierto, entonces queremos modificarlo para que sea más restringido únicamente a familiares y a la defensa, y no se utilice para la extorsión como se ha venido haciendo”.