Por pagar para no ser capturada, la Procuraduría sancionó a Argenis Velásquez
En medio del escándalo conocido como el ‘Cartel de la Toga’, la Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó por quince años a la exrepresentante a la Cámara Argenis Velásquez Ramírez, congresista entre 2014 y 2018.
La Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular estableció que la exlegisladora y exalcaldesa pagó $130 millones a un funcionario del despacho del exmagistrado Gustavo Enrique Malo, para salvarse de un proceso.
Ese monto, de acuerdo con el Ministerio Público, fue entregado al entonces magistrado auxiliar Camilo Andrés Ruiz a través del abogado defensor de la exfuncionaria, el condenado zar anticorrupción Luis Gustavo Moreno Rivera.
Moreno fue el principal artífice de la sanción a Velásquez, gracias a las declaraciones que ha brindado a distintas autoridades judiciales en medio de varios procesos penales contra servidores públicos que recibieron millonarias coimas a cambio de beneficios.
La intención de la excongresista era «evitar una eventual captura o un llamado a juicio por la presunta apropiación de 300 millones de pesos cuando se desempeñó como alcaldesa de Orito, Putumayo, entre 2009 y 2010», aseguró este martes la Procuraduría.
«El Ministerio Público señaló que en la investigación disciplinaria se evidenció que Velásquez Ramírez desplegó actuaciones encaminadas a dar a un servidor público una suma de dinero para obtener beneficios en un proceso penal», comunicó el ente de control.
Asimismo, el órgano disciplinario manifestó que Argenis Velásquez mostró «un desprecio total por la administración pública, la ética y la honradez que debe guiar el ejercicio de la función pública», sobre todo tratándose de una persona escogida por voto popular.
La exrepresentante del Partido Liberal ya fue condenada en agosto de 2023 por parte de la justicia penal, pues un juez determinó que las pruebas presentadas por la Fiscalía al respecto permitieron demostrar que quiso torcer un expediente en su contra.
Los hechos ocurrieron en 2015 y el pacto era un pago de $200 millones, de los que el auxiliar Ruiz solo recibió los $130 millones demostrados también en la Procuraduría. El proceso contra Velásquez por Orito en su momento se dilató hasta noviembre de 2016.
Sobre Velásquez pesa una condena más, emitida por la Corte Suprema de Justicia en octubre, por concusión. La investigación da cuenta de que presionó a una exfuncionaria de su unidad asesora en el Congreso para que le entregase la mitad de su sueldo.
BOGOTÁ, (Colprensa).