Ya fueron definidas las fechas en las que se harán las audiencias en las que será llamado a juicio por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
En enero de 2024 la Fiscalía General de la Nación acusará formalmente a Nicolás Petro Burgos, el hijo mayor del presidente de la República, Gustavo Petro, por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, esto dentro de la investigación por el presunto ingreso de dineros al parecer irregulares a la campaña presidencial del Pacto Histórico en la región Caribe.
Precisamente, el juez segundo especializado de Barranquilla convocó para el 11 y 12 de enero de 2024, las diligencias en las que se hará el llamado a juicio de Petro Burgos.
Esta decisión se dio luego que la Corte Suprema de Justicia hubiese negado la solicitud que la defensa de Nicolás Petro hizo para que el proceso se adelantara ante un juez de la República en Bogotá.
Cabe recordar que, la defensa de Petro, impugnó la competencia del juez segundo Penal Especializado del Circuito de Barranquilla, por considerar que el caso debía ser conocido por un togado de Bogotá.
El abogado Sebastián García, representante judicial de Petro Burgos, formalizó la solicitud argumentando que por territorialidad debía ser un juez penal especializado de Bogotá, el que conozca el proceso que se adelanta contra su defendido, por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
En su argumentación afirmó que los hechos punibles por los que está siendo investigado el hijo del jefe de Estado, ocurrieron en su mayoría en Bogotá.
“Estamos ante unos hechos que deben ser juzgados en la ciudad de Bogotá”, señaló el abogado García en su sustentación que se adelantó antes que se iniciara la audiencia de acusación contra Nicolás Petro, como se había programado desde hace varios meses.
El defensor de Petro dijo que con base en la imputación de cargos y en el escrito de acusación de 83 páginas, debería ser un juez de Bogotá y no uno de Barranquilla, el que conozca el proceso.
La Fiscalía General se opuso a la solicitud y finalmente, el juez determinó que la Corte Suprema de Justicia debería pronunciarse y así lo hizo en los últimos días, determinando que el proceso se debe llevar en la capital del departamento del Atlántico.
Esto fue lo que expresó el juez
“Se le hace un llamado a la defensa para que acorde con la lealtad procesal y los principios que rigen todos los procedimientos penales, no propiciar dilaciones o demoras en los procesos. Si la Corte devuelve este proceso por competencia, este juzgado le compulsará copias disciplinarias al doctor Sebastián García Rincón”.