Emergencia económica en La Guajira sigue en vilo
La Corte Constitucional, en 2017, declaró que existe un estado de cosas inconstitucional en materia de la niñez wayúu, teniendo en cuenta la vulneración sistemática y generalizada de sus derechos y el panorama de desnutrición en el que vive la población.
Tras tener como primer punto en su agenda la discusión del Decreto 1085 de 2023, la Corte Constitucional no llegó a una conclusión sobre la emergencia económica, social y ecológica en La Guajira. El debate seguirá el próximo lunes.
La Sala Plena de la Corte Constitucional, que estudia la pertinencia del estado de emergencia en La Guajira, retomará el 2 de octubre el debate de la ponencia de la magistrada Natalia Ángel Cabo, la encargada de definir el futuro de la medida del gobierno Petro.
El plazo para llegar a una conclusión es el 5 de este mismo mes, por lo que la Corte se programó para escuchar las diversas posturas luego de su encuentro académico anual, que se desarrollará el 28 y 29 de septiembre en Girardot. La eventual decisión mantiene también en la expectativa a los once decretos que el Presidente y su gabinete han expedido para atender la emergencia.
Además de los conceptos del Gobierno enviados a la Corte, y de la posición de la magistrada Ángel, a la Corte han llegado intervenciones de organizaciones, académicos y expertos, así como las sustentaciones de la audiencia pública del 11 de agosto. Los informes dan cuenta de que más de 6 mil menores están en riesgo de desnutrición y más de 160 mil personas podrían verse afectadas por la sequía que podría llegar con el fenómeno de El Niño.
La Corte Constitucional, en 2017, declaró que existe un estado de cosas inconstitucional en materia de la niñez wayúu, teniendo en cuenta la vulneración sistemática y generalizada de sus derechos y el panorama de desnutrición en el que vive la población. Ese es uno de los argumentos del Ejecutivo para atender la situación vía estado de excepción.
La posición del gobierno de Gustavo Petro es que el departamento vive en una crisis humanitaria desde hace varios años, algo que puede acrecentarse con el cambio climático y El Niño. Para que los argumentos a favor de la emergencia económica procedan en favor del decreto, se debe acreditar que el panorama en La Guajira es extraordinario y requiere una intervención excepcional en vez de políticas públicas habituales o leyes que actualmente existen.
Es decir, la situación que se ha argumentado, por ejemplo, frente a las más de 500 mil personas que se mantienen en problemas por falta de acceso al agua debe ser algo cuya resolución dependa de las medidas adoptadas por el Gobierno con los decretos con fuerza de ley que nacen de la emergencia.
En caso de que una ponencia vaya en contra, y el decreto del estado de emergencia se declara inexequible, la derrota para el Gobierno podría ser matizada dependiendo de la argumentación de la Sala Plena. El escenario de la inconstitucionalidad podría ser total, de tajo, o podría ser diferido, como decretar que el estado de emergencia se sostenga solamente por un tiempo determinado.
La postura el Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad, Dejusticia, es una de las opciones que la Corte puede examinar. La organización sostiene que 23 de las 58 propuestas emanadas del estado de excepción no son constitucionales, pero otras 17 sí lo son y otras ocho lo son parcialmente. La Constitucional, entonces, debe examinar en detalle cada argumento.
Preliminarmente, algunas medidas estructuradas por el Gobierno en el marco de la emergencia, como suministro de agua potable, saneamiento básico, alimentación o servicios de salud, podrían ser avaladas por el alto tribunal siempre que tengan lineamientos específicos encaminados a resolver la crisis en esa región del norte del país.
La Procuraduría, por su parte, le pidió al alto tribunal declarar inexequible al decreto. Según el ente de control, dirigido por Margarita Cabello Blanco, las problemáticas con las que se argumentó el estado de excepción ya existían hace tiempo, por lo que el gobierno Petro solo las está instrumentalizando.
El debate en la Sala Plena ha sido, hasta el momento, álgido. Por ello, existe mérito para deliberar con más tiempo, y se espera que se conozca el resultado la próxima semana. El eventual fallo podría restringir los poderes del Gobierno, asignados por él mismo, en La Guajira, o mantenerlos en su totalidad, lo que hasta el momento no parece precisamente lo más probable.