38% de las recomendaciones de la CEV han sido adoptadas
El Comité de Seguimiento y Monitoreo a las recomendaciones de la Comisión de la Verdad, presentó en Valledupar su primer informe, en el que se resalta que solo un 38% de las recomendaciones han sido adoptadas, por falta de impulso del Ejecutivo.
En el Plan Nacional de Desarrollo fueron incluidas 44 de las recomendaciones, a pesar de que no fue aprobado por el Congreso de la República, el artículo 8°, que establecía la implementación de las recomendaciones del Informe Final de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV) de forma progresiva por parte de las entidades competentes en el país.
De igual manera, en el Congreso fueron presentados 77 proyectos relacionados con las recomendaciones, de los cuales, solo hasta 5 se convirtieron en leyes.
El objetivo es procurar que tanto la sociedad, como el Estado colombiano, empiecen a hablar en torno a la implementación de las recomendaciones dadas por la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad – CEV, facilitando que estas sean entendidas y discutidas; para que sean implementadas, con el fin de avanzar en las transformaciones sociales y culturales que plantea el informe final de la CEV.
Fue elaborado desde finales de 2022 y está compuesto de tres capítulos: El primero, es una presentación del CSM; análisis del Plan Nacional de Desarrollo, un análisis especial sobre la propuesta al artículo 8°, que no fue acogida por el Congreso de la República, y un análisis de la agenda legislativa del 2022-2023, relacionada con las recomendaciones.
Wilson Castañeda, miembro del Comité de Seguimiento y Monitoreo a las recomendaciones de la Comisión de la Verdad, explicó que el informe consiste en un total de 67 recomendaciones a corto, mediano y largo plazo.
En lo que respecta a los municipios y gobiernos locales, las cuales son de vital importancia, ya que impactan directamente en la vida cotidiana de las comunidades, muestran el camino hacia un futuro de justicia, verdad y paz. El acceso a la tierra, la búsqueda de la justicia social y la inclusión de grupos étnicos son componentes esenciales para construir una sociedad más equitativa y resiliente, donde las cicatrices del pasado se transformen en oportunidades para un futuro más promisorio y unido.
“Las recomendaciones del Informe Final instan a la adopción de políticas y acciones afirmativas que buscan equilibrar las desigualdades históricas, promoviendo así una sociedad más equitativa y cohesionada. La inclusión de los grupos étnicos afectados es fundamental para garantizar que ninguna comunidad quede excluida de los beneficios de la reconciliación y el desarrollo”, explicó.