El hacinamiento en centros de detención transitoria es una «bomba de tiempo»
Desde Valledupar, en una visita a la estación de Policía La Permanente, la Defensoría del Pueblo reiteró el grave panorama en el que se encuentran los centros de detención transitoria (estaciones de policía y Unidades de Reacción Inmediata donde entran los sindicados) e hizo un llamado directo al Gobierno.
El pasado mes de mayo y precisamente en este lugar, hubo un motín que dejó 35 personas heridas. En Bogotá, en agosto, 34 detenidos se fugaron de la estación de Teusaquillo, dejando además a un policía herido. En Sahagún, esta semana, seis privados de la libertad se fugaron por un hueco cavado por ellos mismos en la estación de Policía.
Y así sucesivamente. De acuerdo con la Defensoría, esos casos son comunes, teniendo en cuenta que las condiciones para la permanencia de las personas en los centros de detención son bastante negativas.
La entidad dio a conocer que la cifra de hacinamiento en el país es de 123%, dado que en las 1089 URI y estaciones de Policía del país hay cupo para unas 9.6 mil personas privadas de la libertad, pero hay más de 21 mil.
“El principal problema es el hacinamiento, que incrementa la vulneración de los derechos humanos y los mínimos vitales, como la alimentación y la salud de los privados de la libertad. Eso genera que los detenidos tengan comportamientos agresivos», señaló el defensor del pueblo, Carlos Camargo Assis, quien añadió que el problema «es una bomba de tiempo».
La Defensoría, además, reveló un escalafón de los centros de detención transitoria que más presentan hacinamiento. El listado está liderado por la estación El Terrón, de Cali (Valle del Cauca), donde la crisis alcanzó un porcentaje del 4000%. Le siguen Maicao (La Guajira), con 3480%; Piedecuesta (Santander), con 2950%; la estación de Junín, también en Cali, con 2550%, y la de La Hormiga, en Putumayo, con 2350%.
“Ese hacinamiento y las malas condiciones son una bomba de tiempo, porque generan riesgos de amotinamiento, fugas e, incluso, homicidios. Es decir, estamos ad portas de una tragedia en la que también se vería afectado el orden público y la seguridad de residentes aledaños a los CDT, ya que estos sitios están ubicados en zonas residenciales”, subrayó el defensor Camargo.
El órgano vigilante de los derechos insistió en que los centros de detención no están diseñados estructuralmente para mantener a personas privadas de la libertad por más de 36 horas, pero en esos lugares hay personas que permanecen por meses, sindicadas e incluso condenadas.
Al emitir un llamado para el Gobierno, la Defensoría expresó que debe actuar «de inmediato», tomando medidas «urgentes» para hacerle frente a la «grave crisis».
BOGOTÁ, (Colprensa).