No hay condena alguna contra Grupo Aval y Corficolombiana
Mediante un extenso comunicado enviado a los medios de comunicación, el Grupo Aval y Corficolombiana, le salieron ayer al paso de lo que consideran ‘interpretaciones y comentarios equivocados’, sobre el acuerdo que firmaron con el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés) y la Comisión Nacional de Valores de ese mismo país (SEC, por sus siglas en inglés).
Al precisar el holding empresarial y sobre la naturaleza del acuerdo con el Departamento de Justicia y la ley americana, explican que “un “Acuerdo de Enjuiciamiento Diferido” (conocido como un DPA por sus siglas en inglés) es un tipo de acuerdo entre el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) y una compañía, por medio el cual el DOJ presenta cargos penales contra la compañía, pero acepta suspender el proceso de esos cargos por un período de tiempo (generalmente tres años) siempre y cuando la entidad acepte cumplir ciertos requisitos o condiciones.
Si la compañía cumple esas condiciones, el DOJ desestimará los cargos.
La celebración de un DPA termina la investigación del DOJ con respecto a esa compañía en particular.
En este caso, en tres años, el DOJ desestimará el cargo en contra de Corficolombiana (CFC) siempre y cuando CFC cumpla con las obligaciones del DPA durante ese periodo.
Dichas obligaciones incluyen el pago de una multa pecuniaria por parte de CFC (US$20.3 millones) y el cumplimiento de ciertos requisitos relacionados con reportes periódicos y de compliance, tal como aparecen descritos en el DPA, el cual está disponible públicamente”.