Supersalud impuso sanciones por $ 87 mil millones a las EPS

En medio de una importante rendición de cuentas en la ciudad de Riohacha, el Superintendente de Salud, Ulahí Beltrán López, anunció la imposición de sanciones a varias Empresas Promotoras de Salud, EPS, en el departamento de La Guajira.

Durante la rendición, el funcionario destacó los esfuerzos hechos durante el periodo de un año, desde julio del 2022 hasta julio de 2023, con el fin de recuperar la credibilidad de los ciudadanos en la Superintendencia de Salud.

De acuerdo con el superintendente Beltrán, “la entidad ha restablecido su capacidad de control sobre aquellos actores del aseguramiento que son infractores del marco normativo y ante ello nos hemos puesto del lado de los afectados para defender la garantía del derecho a la salud”.

En medio de la conferencia, Beltrán López se refirió sobre la hoja de ruta determinada para restablecer el derecho a la salud de los usuarios del sistema de salud, así como el diagnóstico, según los resultados conseguidos.

Uno de los factores a destacar fue la gestión que se realizó ante las diferentes entidades responsables del aseguramiento de 1,3 millones de reclamaciones de ciudadanos de todo el país, quienes llegaron a la Superintendencia de Salud expresando la desprotección y negación de servicios por parte de las empresas a las que están afiliados.

SANCIONES POR $ 80 MIL MILLONES

En medio de la audiencia de rendición de cuentas, la cual fue transmitida por el Canal Institucional, Ulahí Beltrán, también contó que se han impuesto un total de 178 sanciones, lo que suma un total de $87.000 millones en multas aproximadamente, particularmente dirigidas a las EPS que “han vulnerado el derecho a la salud de sus afiliados”.

De igual manera, resaltó que se realizaron un total de 273 auditorías, lo que permitió el desarrollo de un diagnóstico integral y la identificación de deficiencias que actualmente están colocando en riesgo la correcta prestación del servicio de salud.

Por último, informó que profirieron 2.532 providencias que concluyeron los procesos jurisdiccionales, de las que 1.255 sentencias correspondieron a asuntos que involucran el derecho a la vida y la salud.

EPS EN COLOMBIA ¿SE ACABARAN?

La reforma a la salud propuesta por el gobierno del presidente Gustavo Petro ha puesto en el ojo del huracán a las Entidades Promotoras de Salud, EPS, la discusión sobre el futuro de estas empresas se ha generado tras la posibilidad de centralizar el manejo de la salud por el sector público.

Y es que, las EPS en Colombia viven una de sus crisis más fuertes de los últimos años, recientemente, tres de las prestadoras de salud más grandes del país, Sanitas, Compensar y Sura, expresaron su preocupación al Ministerio de Salud sobre los problemas financieros que enfrentan.

Todo esto, según la carta que enviaron, se debería a que dichas EPS tendrían millonarias deudas que afectarían principalmente a los más de 13 millones de afiliados y a las 136.000 personas que conforman los grupos familiares.

LA REFORMA DE LAS EPS

Adicionalmente, hay que considerar la propuesta del Gobierno del presidente Petro, que supone que la reforma a la salud les quite a las EPS en Colombia la centralización del manejo de los recursos.

De cara al segundo debate de la Reforma a la Salud en el Congreso de la República, los representantes de las EPS han pedido tener cuidado sobre lo propuesto y sobre lo que ya está pasando. Cabe recordar que las principales apuestas del proyecto tienen que ver con la transición de las EPS a Gestoras de Salud y Vida, y las nuevas funciones de la Adres, entidad que haría las veces de pagador único.

La mayor crítica se centra en que la no transferencia de recursos a manos de la Adres está llevando a que las EPS en Colombia estén en riesgo de operación incluso antes de que sea aprobada la reforma a la salud. Sin embargo, el parte de tranquilidad que ha tratado de enviar el Gobierno Petro, es que van a mantener la operación a medida que se van saneando las fuertes afectaciones financieras.

Pero, empresas como Sura, Compensar y Sanitas han expresado que, ante una posible no transferencia de recursos, en medio de la crisis por las altas deudas que acumulan, se haría complicado poder operar después de septiembre.

Según, la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral, Acemi, “decir que las EPS son prestadores de servicios de salud equivale a eliminarlas, mantener el nombre de las EPS no significa mantener su rol de aseguradores, el proyecto fragmenta sus funciones y las divide entre diferentes entidades, lo cual podría generar un gran caos dentro del Sistema”.

¿ESTÁN EN RIESGO LOS USUARIOS DE LAS EPS?

Así las cosas, estarían en riesgo los cerca de 13 millones de usuarios de estas tres empresas de salud en el país. Más el resto de los colombianos afiliados a las EPS. “El proceso de transición en realidad es un proceso de liquidación de las EPS”, Acemi explicó, adicionalmente, que “El Gobierno desconoce que la mayoría de los ciudadanos confían y respaldan el trabajo de su EPS, no quieren que desaparezca, quieren que mejore”.

La Asociación expresó que “El proyecto no resuelve las quejas planteadas de forma reiterada por los usuarios y pacientes de oportunidad en las atenciones, ni se ocupa de los problemas de sostenibilidad financiera del Sistema de Salud”.

Sin embargo, la visión del gobierno del presidente Petro ha sido un tanto diferente. De hecho, el mandatario ha dicho que es la reforma a la salud la que haría posible que las EPS en Colombia sigan existiendo.

De cara al debate de la reforma a la salud, la postura del presidente Petro sigue siendo que las EPS ya no serán aseguradoras, sino administradoras y en su responsabilidad queda la atención primaria. De hecho, en entrevista con Cambio, el presidente Petro sentenció que si no se hace una reforma al sistema de salud, las EPS se acaban, pues están en medio de ‘un modelo económico insostenible’.

De igual modo, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, reiteró que el Gobierno del presidente Gustavo Petro dispone de los recursos necesarios para continuar ofreciendo servicios de salud a la población colombiana y a cerca de un millón de migrantes. “Lo más importante es que los ciudadanos entiendan que no se dejarán de prestar los servicios de salud”, afirmó el funcionario este lunes.

El jefe de cartera dijo que: “Si alguna EPS no puede mantenerse en el sistema, vamos a transferir los pacientes para que se les brinden la atención en otra entidad prestadora, porque el Gobierno cuenta con los recursos para garantizar la atención”./Colprensa.