“Buscar a los desaparecidos es una obligación moral”: JEP
En 2021, varias familias de Cúcuta le pidieron a la Jurisdicción Especial para la Paz que proteja al Cementerio Central de esa ciudad para que no sea alterado. La JEP concedió la solicitud y ayer en una audiencia evaluó qué tanto ha progresado. La diligencia continuará hoy.
Las medidas cautelares en el camposanto principal de Cúcuta se tomaron porque, según cálculos de la Jurisdicción Especial, en él hay 22 zonas de interés forense. Además, desde 2019 se han analizado 650 necropsias de personas que estuvieron allí enterradas, como explicó Luz Janeth Forero, directora de la Unidad de Búsqueda.
Forero añadió que la Unidad actualmente lleva dos planes de búsqueda relacionados con Norte de Santander: uno en Cúcuta y su área metropolitana y otro en el Catatumbo. Las personas buscadas son más de 4200.
Las dificultades para buscar personas en el cementerio han sido palpables, como contó Giovanni Álvarez, director de la llamada Fiscalía de la JEP, la UIA. Para Álvarez, en el Cementerio Central existe un “desorden histórico” que no ha resuelto ni la administración actual ni las anteriores. Sin embargo, el alcalde Jairo Yáñez declaró que en su mandato ha sido prioritaria la orden de no alterar el lugar.
Helena Urán, jefa de la Unidad de No Repetición de la Cancillería, tomó la palabra para pedir que las medidas cautelares se extiendan hasta la zona de frontera. Cabe resaltar que Urán ha liderado sesiones de reconocimiento de verdad con el Ministerio de Exteriores, como ocurrió con Salvatore Mancuso, quien se comprometió a ayudar a localizar fosas comunes en los límites entre Colombia y Venezuela.
Una de las entidades cuestionadas fue Medicina Legal. La magistrada María del Pilar Valencia dijo que es necesario que el instituto tenga un centro en Cúcuta. “Es indiscutible”, mencionó, porque la problemática de cuerpos desaparecidos, alterados o movidos de su lugar es de tal magnitud que “hay un subregistro”. “Las estrategias adoptadas hasta ahora no brindan alternativas rápidas para satisfacer los derechos de las víctimas”.
Valencia fue una de las magistradas que presidió la diligencia. Junto a ella estuvieron Reinere Jaramillo y Gustavo Adolfo Salazar, quien indicó al inicio que “buscar a los desaparecidos es una obligación, no solo legal, sino, ante todo, moral”.
La audiencia se llevó a cabo frente a víctimas, que estuvieron atentas todo el tiempo, sosteniendo velas y fotografías de familiares de quienes no conocen el paradero. Liliana Rangel, una de ellas, resaltó que sin las medidas cautelares “no habría respuestas”.
El evento inició cerca de las nueve de la mañana del 10 de agosto y se suspendió casi a las siete de la noche. Continuará hoy, viernes, con más intervenciones de víctimas y de las entidades responsables que deben darles respuesta a ellas y a la Jurisdicción Especial.